El Frente Sindical de las Universidades convocó a un paro nacional, y la CONADU Histórica resolvió un cese total de actividades durante cinco días, del 18 al 22 de agosto.
El Frente Sindical de las Universidades lanzó un paro nacional, y en ese marco la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió convocar a un paro total de actividades durante cinco días consecutivos, previsto del 18 al 22 de agosto.
La medida fue ratificada por el Congreso Extraordinario de la entidad, que contó con la representación de los sindicatos de base de todo el país. Los delegados señalaron que, pese a una resolución cautelar favorable de los tribunales y de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Javier Milei no ha dado respuestas a las demandas del sector.
Según la organización gremial, la brecha salarial por falta de actualizaciones desde diciembre de 2023 alcanza el 28,5% al mes de junio. También mencionaron el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de pago de montos retroactivos a docentes y preuniversitarios.
La CONADU Histórica propondrá al Frente Sindical de Universidades Nacionales coordinar acciones para masificar el paro semanal y articular medidas conjuntas. Además, acordaron iniciar una nueva Marcha Federal Universitaria junto a agrupaciones estudiantiles, el gremio nodocente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organismos de ciencia y tecnología, afectados por la quita de recursos y la pérdida de personal en dependencias como el CONICET.
El plan de lucha incluyó una Jornada Nacional de Lucha el 6 de agosto, con ceses de tareas, retiros gremiales o paros locales, para rechazar el proyecto de ley denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», con modalidades definidas por cada territorio.
El plenario expresó su rechazo a las declaraciones del Poder Ejecutivo que calificaron de «terroristas» a sectores del movimiento popular y sindical docente. También repudió iniciativas legislativas para modificar los esquemas de denuncias por violencia de género. El conflicto salarial se mantiene abierto en el plano presupuestario y en la defensa del modelo universitario público.