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La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue el manejo de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SisVial), recursos destinados a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investigue el manejo de más de $1 billón correspondiente al Sistema Vial Integrado (SisVial), recursos que tienen como destino específico la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales.
La legisladora de Unión por la Patria pidió determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei pudieron haber incurrido en malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La presentación pone particularmente la lupa sobre $1,038 billones que, según la denuncia, no fueron aplicados al destino previsto.
Los números incorporados al expediente indican que durante los últimos dos años y medio el SisVial recaudó $1,503 billones, pero solo $394.406 millones habrían sido destinados a su finalidad específica. Tolosa Paz sostiene que esto representa una subejecución acumulada del 73,8%: en 2024 se ejecutó el 11,3% de los recursos asignados, en 2025 el 39% y entre enero y mayo de 2026 apenas el 18,5%.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es qué ocurrió con el dinero que no llegó a las obras. Al 31 de mayo, unos $1,001 billones se encontraban colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente. La presentación busca establecer cuánto dinero ingresó efectivamente al fideicomiso, cuánto quedó invertido y qué ocurrió con los recursos que eventualmente fueron retenidos antes de ingresar al SisVial.
El planteo también apunta a determinar si parte de esos fondos pudo ser utilizada dentro de la estrategia del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal. Tolosa Paz sostuvo que se trata de recursos tributarios con una afectación legal específica para obras y mantenimiento de la red vial y cuestionó que permanecieran colocados en instrumentos financieros en lugar de ser ejecutados. La Justicia deberá establecer ahora si ese mecanismo se ajustó a la normativa y quiénes impartieron las instrucciones sobre el manejo del dinero.
Como ejemplo, la diputada incorporó la situación de las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires. En la RN5, el tramo entre Mercedes y la Variante Suipacha registraba a mayo de 2026 un avance físico del 16,89% y financiero del 11,36%, mientras otro sector entre la Ruta Provincial 41 y el kilómetro 104 tenía apenas un 0,88% de avance físico a diciembre de 2025. En la RN3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs, el progreso informado llegaba al 26,95% en mayo.
Las obras forman parte de un programa financiado mediante un esquema de 70% de fondos externos y 30% de contraparte local. Según los informes de auditoría de 2024 citados en la presentación, esta última tuvo una ejecución del 0% pese a la disponibilidad de recursos del SisVial. “La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros”, cuestionó Tolosa Paz.
La denuncia se suma a reclamos anteriores por el financiamiento vial. En febrero de 2025, el ministro bonaerense Gabriel Katopodis y varios intendentes acudieron a la Justicia para reclamar explicaciones sobre el destino de recursos provenientes del impuesto a los combustibles. También la Federación del Personal de Vialidad Nacional cuestionó la administración del SisVial y sostuvo que los fondos disponibles podrían haber permitido rehabilitar unos 3.000 kilómetros de rutas y mantener otros 22.000.
Tolosa Paz solicitó además medidas para preservar documentación vinculada con el manejo de los recursos desde enero de 2024. El pedido alcanza expedientes administrativos, instrucciones de funcionarios, correos electrónicos, registros contables y bancarios, además de la certificación de los saldos de las cuentas y las inversiones del SisVial. Con esos elementos, busca que la Justicia reconstruya cuánto se recaudó, cuánto se destinó efectivamente a las rutas y quiénes decidieron sobre los fondos que permanecieron sin ejecutar.