Una profesional que presta servicios en PAMI Catamarca radicó una denuncia penal y administrativa contra el titular de la oficina local, Iván Rodolfo López, por abuso de autoridad, violencia de género, acoso laboral y violencia institucional.
Una médica que presta servicios en PAMI Catamarca radicó una denuncia penal ante la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género contra el titular de la oficina local, Iván Rodolfo López, por abuso de autoridad, violencia de género, acoso laboral y violencia institucional. Además, presentó una denuncia administrativa ante el gerente de Recursos Humanos de PAMI a nivel nacional, Ramiro Aguilar, en la que solicitó la apertura de un sumario institucional y el apartamiento preventivo de López de su cargo.
Iván Rodolfo López se desempeña como titular de PAMI Catamarca desde marzo de 2024, cuando reemplazó al fallecido Horacio Almada.
Según consta en el escrito judicial, al que tuvo acceso El Ancasti, la denunciante afirmó que López la presionó para autorizar internaciones de afiliados sin la documentación reglamentaria y para modificar formularios de derivación médica ya emitidos. La médica declaró: «Pretendían forzarme a incurrir en graves irregularidades administrativas, éticas y legales».
La denunciante también sostuvo que el funcionario la obligaba a cumplir jornadas de más de nueve horas, incluidos sábados y domingos, a auditar a prestadores allegados a López y a resolver trámites fuera de su jurisdicción. «Fui obligada a intervenir en derivaciones en La Rioja y Córdoba», señaló.
La presentación incluye capturas de pantalla de presuntas conversaciones con López, en las que el director le habría exigido afiliarse a La Libertad Avanza y capacitarse como fiscal de mesa para las elecciones, bajo amenaza de despido. También se mencionan supuestas humillaciones y maltratos frecuentes.
La profesional se encuentra actualmente con licencia psiquiátrica debido al maltrato laboral y psicológico denunciado. En el cierre del documento solicitó la separación preventiva de López y las sanciones correspondientes para resguardar su integridad y estabilidad laboral.
«Como mecanismo de hostigamiento, se me prohibió verbalmente ejercer derechos laborales básicos, impidiéndome el uso de permisos, ausencias con aviso y horas para trámites personales. También se me prohibió explícitamente comunicarme con las autoridades de Nivel Central de PAMI para realizar consultas operativas», relató la médica.
Declaraciones de organizaciones políticas
La presidenta del Partido Intransigente, Adriana Díaz, y Mujeres Radicales Catamarca emitieron declaraciones de respaldo a la denunciante y repudio a los hechos.
Adriana Díaz afirmó que los hechos «configuran una violación a los derechos humanos fundamentales» y que la violencia laboral representa una «manifestación directa de inequidad y abuso de poder». También criticó que el funcionario utilice su «posición jerárquica» y esa «asimetría para vulnerar o amedrentar a una trabajadora».
Díaz recordó la situación del PAMI en un contexto de «deterioro de la gestión y los recortes» y sostuvo que, sumado a situaciones de maltrato, «se resiente de forma directa la atención a una población tan vulnerable como nuestros adultos mayores». Además, citó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre entornos laborales libres de violencia y acoso, y concluyó: «La impunidad para llevar adelante este tipo de acciones se profundiza cuando hay un gobierno nacional que sostiene un discurso antiderechos y promueve reformas laborales que debilitan las protecciones y precarizan el trabajo. Un contexto que invalida derechos solo termina naturalizando e incentivando el abuso de poder».
Mujeres Radicales Catamarca expresó que «las relaciones de poder dentro de los espacios de trabajo no pueden convertirse en herramientas de sometimiento, disciplinamiento o intimidación» y que «ningún cargo o responsabilidad institucional puede ser utilizado para vulnerar derechos, hostigar o amedrentar a una trabajadora».
La organización solicitó que las denuncias sean investigadas con «celeridad, seriedad e imparcialidad» y que se garantice a la denunciante el derecho a ser escuchada y protegida durante el proceso. También pidieron que la trabajadora pueda atravesar las instancias administrativas y judiciales sin sufrir represalias ni revictimización.
«No podemos naturalizar que una mujer deba soportar maltrato, hostigamiento o presiones para conservar su trabajo. Ni violencia, ni acoso, ni abuso de poder. Las mujeres tenemos derecho a trabajar en espacios libres de violencia», señalaron.