El juez de Control de Garantías N° 3, Lucas Vaccaroni, confirmó la detención de un hombre acusado de amenazas, daños, incendio y desobediencia a la autoridad, en un contexto de violencia de género. La causa está en condiciones de ser elevada a juicio oral.
El juez de Control de Garantías N° 3, Lucas Vaccaroni, confirmó la detención de un hombre imputado por diez hechos cometidos contra su expareja entre abril de 2024 y agosto de 2026, en un contexto de violencia de género. El imputado está acusado de los delitos de “amenazas coactivas”; “amenazas simples”; “amenazas simples en concurso ideal con desobediencia a la autoridad”; “desobediencia a la autoridad” (cinco hechos); “daños” e “incendio”, todo en concurso real y en calidad de autor.
La medida fue solicitada por la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, mientras que el imputado contó con la asistencia del defensor oficial N° 1, Daniel Carrizo. En representación de la víctima intervino la defensora oficial penal de Víctimas de Violencia Familiar y de Género, Laura Guzmán.
Durante la audiencia, la fiscal describió los hechos atribuidos, el contexto de violencia y los elementos probatorios incorporados a la causa. Sostuvo que existen riesgos procesales concretos y remarcó los sucesivos incumplimientos de las medidas de protección, de las restricciones impuestas por la Justicia de Familia y de las condiciones bajo las cuales el imputado había recuperado anteriormente la libertad. Antonino señaló que la investigación se encuentra concluida y en condiciones de ser elevada a juicio. También indicó que la última desobediencia judicial se produjo cuando la Fiscalía ya preparaba el requerimiento de elevación.
La fiscal sostuvo que las distintas medidas adoptadas para proteger a la víctima no lograron impedir nuevos contactos e incumplimientos. En ese sentido, mencionó la violación de restricciones de acercamiento y comunicación, el incumplimiento de la obligación de registrar su firma y la vulneración de un dispositivo electrónico. Consideró, además, que persistía el riesgo de que el imputado ejerciera presión o control sobre la víctima, cuya declaración constituye una prueba central para el juicio.
Por su parte, la defensora de víctimas adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal y solicitó que el imputado continuara privado de la libertad. En su exposición, sostuvo que su conducta mientras permanecía en libertad demostraba una falta de acatamiento a las órdenes impartidas por las autoridades judiciales.
A su turno, la defensa técnica se opuso al pedido y solicitó la libertad de su asistido bajo las restricciones que el juez considerara necesarias. Fundamentó su planteo en el carácter excepcional de las medidas de coerción y pidió que la causa fuera elevada a juicio a la mayor brevedad. Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió confirmar la detención.
Los hechos investigados
La causa comprende diez hechos ocurridos entre abril de 2024 y agosto de 2026. De acuerdo con la imputación, el hombre habría amenazado a su expareja, dañado su teléfono celular e incumplido reiteradamente órdenes judiciales que le prohibían acercarse, comunicarse o realizar actos de perturbación contra ella.
También se le atribuye haber provocado, en abril de 2026, un incendio que destruyó por completo la vivienda de la víctima. Además, habría vuelto a contactarla mediante redes sociales e incumplido la obligación de presentarse a firmar, condiciones que le habían sido impuestas para conservar la libertad.