Reclamos expuestos en Diputados advierten sobre demoras, incumplimientos judiciales y aumentos de medicamentos que agravan la situación de los jubilados.
En el marco de la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados de la Nación, el Defensor del Pueblo de Villa La Angostura, Sebastián Baltanaz, declaró por videollamada que “para que un jubilado recibiera el tratamiento oncológico que le dictó su médico hicieron falta dos defensorías del pueblo, un defensor público federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”. Baltanaz relató el caso de un jubilado diagnosticado con cáncer de pulmón al que el PAMI le había negado el tratamiento. “Por cada caso que llega a la Defensoría hay decenas que no van a llegar, y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera”, afirmó.
Durante la reunión se expusieron varios reclamos pendientes contra el PAMI. Uno de ellos, presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y otras organizaciones, derivó en una orden judicial de mayo de 2025 que dispuso la restitución del programa Vivir Mejor, que garantizaba la cobertura automática del 100% de los medicamentos para los jubilados de Córdoba. En octubre de ese año, la medida se extendió a todo el país. Los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, a cargo de la causa, afirmaron que la restitución no se concretó.
Según explicaron los letrados, las autoridades provinciales y nacionales presentaron apelaciones que retrasaron el cumplimiento de la orden. El Gobierno, en su informe de gestión ante el Congreso, admitió que 2,2 millones de afiliados del PAMI quedaron fuera de la cobertura del 100% de ciertos medicamentos; de ellos, 1,6 millones consumían esos remedios de forma regular. Datos abiertos del presupuesto del PAMI publicados en su sitio web de transparencia indican que, para el ítem de Prestaciones farmacéuticas, se dispone de un presupuesto de $2,2 billones, $318 mil millones menos que el vigente en 2025 ($2,5 billones).
El incumplimiento de la restitución derivó en una denuncia penal contra el exdirector de la sede Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, y el director nacional, Esteban Leguizamo. Ante la consulta de este medio, desde PAMI se desmintió la renuncia de Leguizamo, pero no se ofrecieron declaraciones sobre el incumplimiento de la orden judicial ni sobre la imputación. Leguizamo fue citado a declarar el 5 de mayo de este año, según informó Carlos Vicente. La denuncia, compartida con PERFIL, los acusa como supuestos responsables “en calidad de autores, cómplices o instigadores” de los delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Desde la APDH, en una nota enviada a PERFIL, se declaró: “Evidentemente estamos ante una situación de enorme gravedad en lo institucional porque los funcionarios nombrados por el gobierno nacional se niegan a cumplir y respetar las resoluciones judiciales en una actitud de clara ilegalidad y, en lo fundamental, evidencian un absoluto desprecio por la salud de jubilados y pensionados”.
En la misma reunión, Andrés Sabalette, representante de clínicas y sanatorios prestadores del PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, sostuvo que la atención de 300 mil jubilados está en riesgo. “Hay un gran atraso en los precios que abona la obra social a los prestadores. Si tomamos como referencia la inflación, es del 80% en estos dos años y medio”, aseguró. Agregó que las prestaciones no cubren los costos y que muchas intervenciones e internaciones fueron suspendidas. “Hoy tenemos una seria limitación de los servicios. Una parte importante están siendo canalizados al sector público que se encuentra saturado, además de no tener la complejidad que tienen en otros lugares”, afirmó. En la mayoría de estas clínicas, el 40% de la actividad está orientada a pacientes del PAMI.
Federico de Marziani, director del Centro de estudios políticos para las personas mayores, afirmó que, según su relevamiento, algunos medicamentos de uso frecuente entre jubilados, como los de la circulación, aumentaron hasta un 900% desde el inicio de la gestión actual (de $11.500 a $115.000), mientras que los antibióticos subieron un 636% (de $4.478 a $33.000). La canasta básica elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires estimó para marzo que un jubilado necesitaba al menos $500.000 mensuales para medicamentos, monto superior a la jubilación mínima, que en agosto con bono incluido llega a $489.000.
Ana Valverde, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, relató que una compañera de la marcha de los miércoles enfermó de cáncer y que, ante la falta de cobertura, los jubilados se organizaron para pagar parte del tratamiento. “Ella murió el año pasado”, comentó Valverde, y resumió la estrategia estatal frente a los reclamos: “Nosotros tenemos unos pocos años más para vivir, pero no queremos vivirlos con recursos de amparo”.