Datos oficiales revelan que la Formación Bruta de Capital Fijo retrocedió 11,6% interanual. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó 12 proyectos por USD 26.436 millones, pero el monto incluye activos computables e inversiones previas, y el Gobierno no informa una cifra consolidada de ejecución.
La inversión en la Argentina cayó 11,6% interanual en el primer trimestre, según datos oficiales. En paralelo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula anuncios por más de USD 26.000 millones, aunque el monto no corresponde a desembolsos efectivamente realizados, según información obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública.
Al cierre del primer trimestre, el RIGI contaba con 12 proyectos aprobados, con una inversión total declarada de USD 26.436 millones. De ese total, USD 24.691 millones fueron considerados “activos computables” para acceder a los beneficios del régimen. Según aclaró el Ministerio de Economía, los activos computables no son dólares ingresados al país ni inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del régimen, sino gastos admisibles para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión requerido.
Economía también indicó que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI, incluso si son anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Los anexos de los proyectos detallan que los montos incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. No se discrimina el origen nacional o importado de los bienes.
El proyecto de parque solar El Quemado, por ejemplo, declara USD 211,6 millones en costos de construcción, de los cuales USD 42,7 millones corresponden a paneles, USD 22,3 millones a trackers, USD 9,4 millones a inversores, USD 8,3 millones a la estación de potencia, USD 7,9 millones a transformadores y otros equipos. La documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes.
El proyecto Rincón de litio presenta USD 2.299 millones en activos computables dentro de una inversión total de USD 2.744 millones. El desglose incluye USD 320 millones en paquetes tecnológicos, USD 254 millones en equipamiento mecánico, USD 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y USD 85 millones en mano de obra directa.
El proyecto VMOS declara un plan total de USD 2.900 millones, de los cuales USD 42 millones corresponden a inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno también aprobó ampliaciones de proyectos existentes, como Veladero y Fénix.
La concentración sectorial es significativa: el proyecto de licuefacción de Southern Energy representa USD 15.156 millones y VMOS USD 2.900 millones. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes.
El Ministerio de Economía reconoció que el seguimiento de los proyectos está distribuido entre distintas áreas técnicas y que no cuenta con una sistematización integral de los mecanismos de control. Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja.
El economista Fausto Spotorno afirmó que “no está viendo inversiones grandes” y que “la inversión cae, cae, cae”. Sostuvo que el sector energético es el que más invierte, con un flujo anualizado de aproximadamente USD 12.000 millones, y estimó que la Argentina necesita inversiones cercanas a los USD 120.000 millones por año.
Una fuente del sector energético señaló que Vaca Muerta “mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno” y que la cuenca necesita cerca de USD 20.000 millones anuales para desarrollar su potencial.
La Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%. El 74% de los ejecutivos espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor, pero solo el 43% prevé aumentar sus inversiones.
El ex diputado nacional y economista Alejandro “Topo” Rodríguez dijo que “hay que distinguir entre las inversiones que se anuncian y las que efectivamente se realizan” y señaló que “con Milei se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada”.