El empresario Norberto Canido, dueño de la gaseosa Manaos, fue procesado por evasión tributaria simple del impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2020. El juez ordenó un embargo de $250 millones sobre sus bienes.
El 2 de julio pasado, el empresario Norberto Canido y su compañía Refres Now, dueña de la marca Manaos, fueron procesados por evasión tributaria simple del impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2020. La medida fue dispuesta por el juez federal de San Martín, quien además ordenó un embargo de $250 millones.
La causa investigaba tres períodos fiscales: 2017, 2018 y 2020. Para 2017, cuando Canido no era presidente de la firma sino apoderado Carlos Alberto Trujillo, se denunciaba evasión de Ganancias por $242,5 millones. Para 2018, ya con Canido al frente, la cifra combinada de Ganancias, IVA e impuestos internos ascendía a $454 millones. Para 2020, la evasión denunciada era de $237,6 millones, distribuidos entre los mismos tributos.
El mecanismo denunciado por ARCA para el último período consistió en que la empresa declaró un pasivo de $650 millones bajo el concepto “otras cuentas por pagar”, presentado como un préstamo del accionista Norberto Ernesto Canido. De esa suma, solo se justificaron $150 millones; el resto, $400 millones, fue impugnado por el fisco como un pasivo simulado, lo que derivó en un ajuste por incremento patrimonial no justificado.
La ley 27.799, conocida como “inocencia fiscal”, elevó el piso de punibilidad para la evasión simple de $1.500.000 a $100.000.000 por tributo y por ejercicio anual. El juez aplicó la norma en forma retroactiva por ser más benigna. Así, los tributos de 2018 quedaron prescriptos, el IVA y los impuestos internos de 2020 no alcanzaron el nuevo umbral, y solo el impuesto a las Ganancias de 2020 superó el mínimo, por lo que se mantuvo la acusación.
En su defensa, Canido declaró: “Yo no debo un peso; no debo un aguinaldo ni una hora extra. Nada. Siempre me persiguieron porque soy un empresario argentino, el único en el mundo que le ganó a las grandes marcas como Coca-Cola o Pepsi. Siempre me denunciaron y jamás encontraron nada. Le repito, no debo un peso a nadie. Lo que hicieron ahora es una vergüenza porque me piden unos papeles que yo no los tengo porque ellos me los secuestraron en un allanamiento. Y como no los presenté, me procesan”.
El proceso se inició por impulso de ARCA en 2024, cuando se presentaron cargos por evasión de los períodos 2017 y 2018, y en 2025 se sumó el ejercicio 2020. La AFIP ya había puesto la lupa sobre Refres Now en 2018 por una presunta evasión de $900 millones, y detectó tickets de venta a distribuidores inexistentes. De los 80 distribuidores mayoristas identificados, 39 figuraban en la base de contribuyentes “no confiables”.
Canido fundó Manaos en 2004, pero su participación en el negocio de bebidas data de hace más de 50 años. Antes de crear Refres Now fue distribuidor de Bieckert y Crespi, y trabajó con Coca-Cola y Pepsi. En 2024, adquirió las marcas Cunnington y Neuss por US$74 millones, operación que, según dijo, fue pagada en efectivo. Sobre esa compra, ironizó: “Como en los diarios me acusaban de haber evadido unos 1000 millones de pesos, decidí usar esa plata para comprar Cunnington, en blanco”.
Además, Canido tiene un historial de denuncias en Santiago del Estero por presunta apropiación de tierras. Organizaciones campesinas e indígenas del Mocase-Vía Campesina lo acusan desde 2003 de intentar quedarse con miles de hectáreas de bosque nativo. En octubre de 2016, un grupo armado atacó el paraje Bajo Hondo, y las comunidades atribuyeron cercanía de ese grupo con Canido, quien luego recibió una restricción perimetral. En 2021, la jueza Rosa Falco ordenó desalojar a las comunidades en favor del empresario. Canido evitó pronunciarse sobre los ataques armados, aunque reconoció haber comprado tierras sin saber que estaban ocupadas.
La declaración jurada cuestionada corresponde al período fiscal 2020. La empresa registró en “otras cuentas por pagar” una deuda de $650 millones, atribuida a un préstamo del accionista. De ese monto, solo $150 millones fueron respaldados documentalmente. Canido afirmó que el préstamo fue de $500 millones en efectivo, otorgado en enero de 2020: $100 millones de fondos propios y $400 millones aportados por un tercero, Lorenzo Pizzo. ARCA sostuvo que Pizzo no tenía capacidad económica para prestar esa suma. El empresario declaró que el dinero fue devuelto a la empresa en diciembre de 2020 y luego restituido a Pizzo, también en efectivo, pero no se presentó documentación que acreditara el pago.
El procesamiento fue apelado y deberá ser revisado por la Cámara Federal de San Martín. Aún no se determinó si el caso llegará a juicio oral.