Un comerciante de 46 años fue detenido y procesado por intimidación pública tras dejar una conservadora con un riñón animal en Aeroparque. El hecho activó el protocolo antiexplosivos y causó demoras en la terminal aérea.
Un hombre de 46 años, comerciante, fue detenido y acusado de «intimidación pública» por abandonar intencionalmente una conservadora con un riñón en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que provocó la activación del protocolo antiexplosivos y demoras en la operatividad de la terminal. Según informó, el hecho fue una broma fallida hacia una amiga.
El incidente ocurrió el 19 de agosto, en la vereda de arribos nacionales. La caja de telgopor fue encontrada por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes reportaron su presencia. La caja tenía adosada una cinta con el logo de la clínica «Suizo Argentina» y una nota de papel con la inscripción «Migraciones (secuestro) el nombre de una mujer (Abogada (¿»Respetable»???) de Bariloche».
El Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) intervino y determinó que el contenido no era un artefacto explosivo, sino un riñón animal con hielo. Las pericias descartaron que se tratara de un órgano humano.
Las cámaras de seguridad mostraron al imputado bajando la caja de una camioneta e ingresando al hall de la terminal. Luego la manipuló y la dejó en una pérgola, donde fue hallada. Vestía jean azul y buzo claro con capucha.
La PSA reconstruyó los movimientos del hombre y siguió el vehículo hasta Ciudad Universitaria, pero la calidad de las filmaciones impidió identificar la patente. A partir de los datos escritos en la caja, se identificó a la mujer mencionada, quien declaró que un amigo le había enviado un video con la caja el día anterior, en el contexto de «una broma particular».
La investigación ubicó al sospechoso en su residencia en Berisso, provincia de Buenos Aires. Allí se realizó un allanamiento, donde fue detenido y se le secuestraron un teléfono celular y otros elementos de interés.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó su liberación y un embargo de 8 millones de pesos para cubrir los gastos del operativo.