El informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) entregado a la fiscalía indica que el acusado no percibió a su madre como tal, sino como una figura amenazante de ‘la muerte’.
La junta interdisciplinaria realizada la semana pasada a Marcelo Joaquín Tula (22), imputado por el homicidio de su madre, Norma Beatriz Tula (63), fue entregada a la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, a la defensa del acusado y a la querella. El informe, elaborado por tres peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), concluye que Tula habría actuado bajo un brote psicótico y delirio al momento del ataque, ocurrido en el barrio La Chacarita de la ciudad Capital.
Según el documento, el acusado no habría visto a su progenitora, sino una imagen amenazante de “la muerte” que venía por él. Los peritos detallaron que, desde el viernes previo al hecho, Tula presentaba síntomas de psicosis en curso: escalofríos, visión de ojos rojos en la mirada de la gente, pájaros negros y la certeza delirante de que “la muerte venía por él”.
“Al momento del hecho, su atención habría estado absorbida por la amenaza irreal de muerte. Podía mirar, pero no ‘ver’ a su madre en términos reales: su cerebro filtró todo rasgo conocido para mostrar solo peligro, desconociendo en la persona de su madre a la misma y simbolizándola acorde surge de su relato y de elementos de las historias clínicas de su equipo tratante”, sostienen los especialistas.
El informe indica que la madre de Tula era la figura con la que convivía a diario y el foco de tensión permanente, lo que habría influido en la materialización del delirio. Además, se registraron alucinaciones cenestésicas, visuales y auditivas, y una duda patognomónica: “¿era ella o yo?”, previa al pasaje al acto.
Tras la agresión, los peritos afirman que el delirio se rompió parcialmente y el acusado recuperó la percepción de que “algo terrible hizo”, sin comprender el porqué. La huida y la confesión posterior se interpretan como respuestas de angustia y desamparo, no de cálculo racional ni planificación.
En cuanto a su estado mental al momento del hecho, los peritos precisaron que “existió una alteración que abolió su capacidad de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones”.
Ni los peritos del CIF ni la fiscal Antonino pueden determinar si Tula es inimputable; esa decisión corresponde a un juez. Para ello, la Fiscalía o la defensa deben solicitar el sobreseimiento por inimputabilidad, lo que aún no ocurrió. La junta interdisciplinaria se considera una prueba relevante en la causa, y se esperan novedades en las próximas semanas. La Fiscalía continúa investigando las circunstancias del hecho.