El coordinador general de la Municipalidad de Valle Viejo, Rolando Contreras, se refirió al veto dispuesto por la intendenta Susana Zenteno a la ordenanza que establecía un reconocimiento económico para los empleados municipales que cumplieran 25 y 30 años de servicio. Explicó que la norma regresa al Concejo Deliberante para su análisis y afirmó que el beneficio ya se encuentra vigente y es parte de la negociación salarial con uno de los gremios.
El coordinador general de la Municipalidad de Valle Viejo, Rolando Contreras, se refirió al veto dispuesto por la intendenta Susana Zenteno a la ordenanza que establecía un reconocimiento económico para los empleados municipales que cumplieran 25 y 30 años de servicio. A través de una publicación en sus redes sociales, Contreras explicó que el veto “no deja sin efecto una ordenanza de manera automática” y sostuvo que, luego de la decisión del Ejecutivo, la norma regresa al Concejo Deliberante para que los concejales analicen los fundamentos, y definan si mantienen o no lo aprobado.
“El proyecto vetado regresa al Concejo Deliberante, y los legisladores tienen la oportunidad de revisar los argumentos del Poder Ejecutivo y decidir si están de acuerdo o no con los fundamentos del veto”, expresó. La ordenanza había sido aprobada por unanimidad durante agosto, y contemplaba un reconocimiento equivalente a tres sueldos para los trabajadores que alcanzaran los 25 años de servicio y de seis sueldos para quienes cumplieran 30 años de antigüedad. Los beneficios estaban establecidos para cada tramo y no eran acumulativos.
En relación con esta norma, Contreras afirmó que “el Departamento Ejecutivo lo tiene vigente y está en práctica”, aunque señaló que actualmente se analiza una mejora planteada por uno de los gremios que continúa participando de la mesa de negociación salarial. En ese sentido, indicó que otro de los sindicatos se retiró de las negociaciones, y lleva adelante medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
La postura del Ejecutivo
Al explicar los motivos del veto, el funcionario sostuvo que el Concejo Deliberante habría intervenido sobre una cuestión que, según su interpretación, corresponde al Departamento Ejecutivo. “Con el dictado de la ordenanza sobre este tema, el Concejo Deliberante se extralimitó al pretender intervenir en la política salarial del Departamento Ejecutivo sin respetar la división de poderes”, afirmó Contreras. A partir de esta postura, señaló que ahora corresponde al cuerpo deliberativo analizar la decisión del Ejecutivo y definir los pasos a seguir.
“Les toca ahora a los concejales ratificar o rectificar la decisión tomada”, manifestó, al tiempo que sostuvo que una eventual insistencia sobre la ordenanza podría derivar, según su interpretación, en un conflicto entre ambos poderes municipales. Por otra parte, Contreras planteó que la discusión sobre la competencia para establecer el beneficio no debería afectar a los trabajadores municipales. “Los empleados y el beneficio están al margen de esta discusión”, expresó, y agregó que los trabajadores del Departamento Ejecutivo serán alcanzados por las decisiones que adopte ese poder en materia salarial. El funcionario también diferenció la situación de los trabajadores del Concejo Deliberante de la de los empleados que dependen del Ejecutivo. “De los empleados del Concejo Deliberante debe ocuparse ese poder; de los empleados del Departamento Ejecutivo debe ocuparse este poder”, señaló.
Qué puede hacer ahora el CD
Con el veto, la ordenanza vuelve al Concejo Deliberante, que deberá analizar los fundamentos planteados por el Ejecutivo y definir si acepta la decisión o insiste con el texto aprobado. La Carta Orgánica Municipal contempla la posibilidad de que el cuerpo deliberativo insista con una ordenanza vetada cuando reúne una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes. De alcanzarse esa mayoría, la norma vuelve al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
De esta manera, el tratamiento del veto abrirá una nueva instancia entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, mientras continúa la discusión salarial con los representantes de los trabajadores municipales.