El diputado provincial Mamerto Acuña pidió que se informe el impacto fiscal y el origen de los fondos para implementar la adecuación del régimen procesal penal juvenil de Catamarca a la Ley Nacional 27.801, durante el debate del dictamen del Expte. N° 595/2026.
En el marco del debate del dictamen correspondiente al Expte. N° 595/2026, que propone adecuar el régimen procesal penal juvenil de Catamarca a las disposiciones de la Ley Nacional 27.801, el diputado Mamerto Acuña advirtió sobre la falta de precisiones respecto del costo que tendrá la implementación del nuevo régimen y del origen de los recursos necesarios para ponerlo en funcionamiento.
“Nadie discute que Catamarca tiene que adecuar su régimen a la ley nacional. Lo que planteamos es que una ley que nace sin financiamiento corre el riesgo de quedarse en el papel”, sostuvo el legislador.
Acuña explicó que el proyecto establece que la norma comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación. Sin embargo, señaló que para garantizar su aplicación efectiva será necesario contar con órganos especializados, cobertura de cargos, dos equipos interdisciplinarios, uno dependiente del Poder Judicial y otro de Desarrollo Social, programas de medidas alternativas, profesionales especializados, adecuaciones en los centros de privación de libertad y la incorporación de la figura del Supervisor exigida por la legislación nacional.
En ese sentido, cuestionó que el dictamen no incorpore una planilla de impacto fiscal que permita conocer con precisión cuántos cargos deberán crearse, cuál será el costo salarial anual, cuánto demandará la infraestructura necesaria y cuál será el gasto operativo que implicará la puesta en marcha del sistema.
El diputado también puso el foco en los artículos 195 y 198 del proyecto, que habilitan a la Corte de Justicia a solicitar partidas “extraordinarias o adicionales” y al Poder Ejecutivo a “reajustar y reasignar” partidas correspondientes al Poder Judicial, Desarrollo Social y Hacienda.
“Si el propio proyecto admite que pueden hacer falta partidas extraordinarias, está reconociendo que habrá gasto por encima de lo previsto. Entonces tiene que decir ahora de dónde sale ese dinero”, afirmó.
Acuña recordó además que el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera N° 4.938 establece que “toda Ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. A esto sumó que los artículos 27 y 31 de la misma norma establecen que los créditos presupuestarios constituyen el límite máximo para realizar gastos.
Otro de los puntos señalados por el legislador estuvo vinculado con el Presupuesto 2026. Según indicó, el Poder Judicial tiene asignados $148.749.213.101 y el artículo 10 de la ley presupuestaria prohíbe alterar ese total mediante reestructuraciones internas.
“Hay dos opciones. Si se paga con lo que ya tiene la Justicia, hay que decir qué se deja de financiar. Si hace falta más dinero, eso no es una reasignación: es una ampliación del presupuesto, y esa decisión le corresponde a esta Legislatura, no a una facultad delegada al Ejecutivo”, explicó.
En este marco, Acuña trasladó al miembro informante una serie de interrogantes vinculados con la viabilidad presupuestaria del proyecto. Puntualmente, preguntó si existe un informe de impacto presupuestario, cuánto costará implementar la ley durante 2026 y cuál será su costo anual a partir de 2027, cuántos cargos nuevos deberán financiarse, cuánto demandarán los equipos interdisciplinarios y la adecuación de los centros de privación de libertad y qué partidas concretas del Presupuesto 2026 se prevé reasignar. Asimismo, planteó que, en caso de que esos recursos resulten insuficientes, se precise cuál será la fuente de financiamiento en los términos exigidos por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera N° 4.938.
Acuña agregó que cualquier mecanismo de financiamiento deberá, además, respetar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
Finalmente, el diputado sostuvo que el planteo no apunta a cuestionar la necesidad de adecuar la normativa provincial al régimen nacional, sino a garantizar que las obligaciones previstas puedan ser efectivamente cumplidas.
“Queremos una ley que se pueda cumplir. Los jóvenes, las víctimas y los operadores judiciales necesitan un sistema que funcione, y eso empieza por saber cuánto cuesta y quién lo paga”, finalizó.