El informe anual del Proyecto Mirar señala una reducción del 57% en el gasto del Estado nacional en salud sexual y reproductiva desde 2023 y una disminución en la compra de métodos anticonceptivos. Según el trabajo, las mujeres protegidas pasarían de 1,2 millones en 2024 a unas 63.000 proyectadas para este año, una reducción del 93%.
El informe anual del Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), registra una caída del 57% en el gasto del Estado nacional en salud sexual y reproductiva desde 2023, acompañada por una disminución en la compra de métodos anticonceptivos.
De acuerdo con el documento, las mujeres protegidas pasarían de 1,2 millones en 2024 a unas 63.000 proyectadas para este año, lo que representa una reducción del 93%.
El trabajo incluye estimaciones elaboradas a partir de modelizaciones sobre la cobertura anticonceptiva. Según ese ejercicio, el recorte implicaría 840.000 mujeres menos protegidas, 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos evitables, 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales potencialmente evitables. El informe aclara que se trata de proyecciones.
Según el relevamiento, las personas con cobertura privada o ingresos suficientes acceden a la anticoncepción mediante la compra en farmacias, mientras que quienes no cuentan con esos recursos dependen de la oferta de hospitales o centros de salud. El documento señala que la desprotección recae sobre adolescentes, mujeres de zonas rurales y de hogares vulnerables.
El informe indica que la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de discontinuar la compra de medicamentos para los servicios de interrupción del embarazo derivó en un mapa desigual: trece provincias sostienen el acceso con presupuesto propio. Según el texto, esto configura una federalización forzada de responsabilidades que la Nación abandona y que las jurisdicciones con menor capacidad fiscal difícilmente puedan asumir de manera sostenida.
El documento menciona que durante años la Argentina sostuvo una política preventiva basada en la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral, el asesoramiento en los efectores de salud y programas dirigidos a adolescentes, como el Plan ENIA. Según registros oficiales citados en el informe, esa articulación permitió una reducción de los embarazos no intencionales, en particular en la población adolescente.
El trabajo sostiene que recomponer el presupuesto del programa, garantizar la compra regular de insumos, asegurar su distribución equitativa entre las provincias y restablecer los canales de información y asesoramiento son medidas necesarias para retomar la política preventiva.