La Cámara de Diputados tratará este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, ya rechazado por el Senado en marzo de 2024. Si se suma el rechazo de la Cámara Baja, quedaría sin efecto la liberación de las cuotas de las prepagas dispuesta en diciembre de 2023. El sector advierte sobre las consecuencias.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70 (DNU 70), firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, será tratado este jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024. Si la Cámara Baja también lo rechaza, el decreto quedará sin validez y, con ello, se restituiría la facultad del Estado para autorizar los aumentos en los planes de salud, según lo establecido en la ley 26.682.
El DNU 70 derogó el inciso g del artículo 5 de la ley 26.682, que otorgaba a la Superintendencia de Servicios de Salud la función de autorizar y revisar los valores de las cuotas de las prepagas. También eliminó la parte del artículo 17 que especificaba que la autoridad de aplicación debía validar los aumentos cuando estuvieran justificados «en variaciones de la estructura de costos» y en un «razonable cálculo actuarial de riesgos».
La ley de prepagas es de 2011. Durante años no se fijó un mecanismo para el reajuste de las cuotas, que no estaban liberadas. Los incrementos dependían de la autorización de las autoridades del área. En 2022, tras la etapa de la pandemia de Covid-19, durante la cual los precios estuvieron congelados varios meses, se aprobó un Índice de Costos de Salud. Su variación definió durante un año y medio los porcentajes máximos de las subas que podían aplicar las prepagas a sus afiliados, y también los reajustes mínimos que esas entidades financiadoras debían trasladar a los aranceles percibidos por los prestadores de servicios.
Si el DNU 70 queda sin efecto, regresaría la regla de que el Estado debe autorizar los aumentos. El Gobierno podría disponer otra fórmula o insistir con derogar la intervención estatal. En el área de Salud del gobierno nacional señalaron que «todas las iniciativas que están en el Congreso se monitorean, y se evalúan distintos escenarios y sus eventuales consecuencias». Ante una consulta de diario ‘La Nación’, aclararon que no hay nada definido hasta el momento: «Hay que ver qué pasa en el Congreso y en función de eso se verá», agregaron.
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que reúne a diferentes cámaras y asociaciones del sector, declaró: «Es un tema que preocupa por sus consecuencias sobre el financiamiento de la salud y la previsibilidad que necesita el sistema». Y agregó: «La eventual derogación pondría en discusión el esquema, aunque conviene ser prudentes: existe una cuestión jurídica respecto de si las disposiciones anteriores recuperarían vigencia automáticamente o necesitarían una restitución expresa. Tampoco el rechazo parlamentario por sí solo significaría anular todos los aumentos durante la vigencia del decreto».
Según un informe de la asociación de prestadores Adecra-Cedim, a partir de la desregulación de las subas se logró reducir a la mitad la brecha entre el incremento de los costos de dar prestaciones y la suba de los aranceles que las clínicas y centros de salud les cobran a las prepagas. Magonza sostuvo que «volver a condicionar los ingresos a autorizaciones que puedan quedar rezagadas respecto de los costos de la atención afectaría a toda la cadena». Además afirmó que modificar las reglas «agregaría inseguridad jurídica» y «profundizaría la incertidumbre de un sistema desfinanciado». Y concluyó: «Necesitamos soluciones que permitan preservar tanto el acceso de las personas como la capacidad de las instituciones y los profesionales para atenderlas».