El Ejecutivo recurrirá la decisión del juez Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó su cumplimiento inmediato. La medida responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.
El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes que apelará el fallo que declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó ejecutarla de manera inmediata.
La medida se conoció horas después de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La resolución obliga al Gobierno a aplicar la ley vigente desde 2025, que contempla medidas vinculadas con los salarios docentes y no docentes, las becas, la investigación y las partidas destinadas a las universidades nacionales.
En su fallo, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. Además, ordenó al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar su “cumplimiento inmediato”. Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Gobierno era “extraconstitucional”, ya que permitía bloquear una ley que había sido ratificada por ambas cámaras del Congreso.
En los fundamentos de su decisión, el magistrado señaló que el artículo 9 de la norma ya contempla herramientas para financiarla, entre ellas la adecuación de partidas y el uso de los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipación de las provincias.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en agosto de 2025 con el impulso de la oposición. Luego del veto presidencial de Milei, tanto la Cámara de Diputados como el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con la norma. En octubre de ese año, el Ejecutivo la promulgó mediante el decreto 759/2025, aunque condicionó su ejecución a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto.
Respecto del costo de la medida, el juez citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual para 2025 la norma representaba el 0,23% del PBI.
Antes del nuevo fallo, el expediente ya contaba con una medida judicial relevante. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una cautelar que ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión y, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado. De esta manera, la medida quedó firme mientras se resolvía la cuestión de fondo abordada este martes por el magistrado.
En ese escenario, el Gobierno sostiene que está cumpliendo con la medida. El 10 de junio firmó con el CIN y los gremios universitarios un acta que contemplaba una recomposición de la masa salarial del 24,33% y una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento.
Con ese acuerdo, el Ejecutivo solicitó que se levantara la cautelar, pero Cormick rechazó el pedido el 1 de septiembre. El juez sostuvo entonces que el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro salarial. A modo de respuesta, dos semanas atrás el magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total” y otorgó cinco días al Ejecutivo para acatar la medida, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de demora.
El Gobierno pidió revocar esa intimación. En su argumentación, sostuvo que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,8%, por encima del 226,46% de inflación que toma como referencia para el período hasta agosto de 2025.
Cormick cuestionó ese cálculo y consideró que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables establecidas por la ley. También rechazó la interpretación oficial que limitaba las becas al programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este año a $187.495. El 30 de septiembre, el magistrado volvió a otorgarle cinco días al Gobierno y reconoció solamente un cumplimiento parcial.