Cámaras de proveedores de Tinogasta y Andalgalá realizaron cortes y reuniones para demandar contratos locales en los proyectos mineros. En la Legislatura se presentó un proyecto para modificar el registro de proveedores.
En el marco de las nuevas inversiones en minería anunciadas por el Gobierno, cámaras de proveedores mineros del interior de Catamarca intensificaron esta semana sus reclamos para participar en los contratos de los proyectos. El lunes, la Cámara de Proveedores Mineros de Tinogasta (CAPROMITI) realizó un corte sobre la Ruta Nacional 60 y el miércoles bloqueó el ingreso a la planta de Zijin-Liex en Fiambalá. En Andalgalá, la cámara local convocó a una reunión de urgencia ante el temor de que la construcción de MARA se canalice a través de proveedores de otros departamentos.
Los reclamos se producen en una seguidilla de anuncios. La semana pasada, el Gobierno nacional aprobó el ingreso de Agua Rica al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión de US$4.000 millones y obras previstas desde noviembre de 2027. A mitad de año, Zijin-Liex obtuvo la misma aprobación para una nueva planta en Fiambalá de US$709 millones que proyecta 4.406 puestos directos e indirectos.
Para las cámaras, esa expectativa no se traduce en contratos para las empresas de la provincia. En junio, desde CAPROMITI habían expresado estar «cansados de escuchar hablar de miles de millones de dólares en inversiones».
Un registro sin filtros
El debate también llegó a la Legislatura, donde el diputado Francisco Monti (LLA) presentó un proyecto para cambiar el acceso al registro de proveedores mineros. La iniciativa no modifica la norma que exige a las mineras contratar al menos un 70% de proveedores locales, sino que apunta a la forma de acceder a ese mercado. Actualmente el régimen se rige por una resolución ministerial de 2014 y, según el planteo, el ingreso suele depender de avales o de la pertenencia a determinadas entidades.
«Nadie debería necesitar un padrino, un aval ni pagar un peaje para poder trabajar», sostuvo Monti.
La propuesta prevé un registro digital y gratuito, con inscripción por declaración jurada y número de proveedor otorgado en el momento. El control del Estado pasaría a ser posterior, con sanciones severas para quien falsee datos, y los requisitos quedarían fijados de manera taxativa en la ley, sin que ningún funcionario pueda agregar otros. El padrón sería público, para que cualquier empresa contrate en forma directa a los inscriptos.
Otro de los ejes apunta a las cámaras. El texto garantiza el derecho a afiliarse o no, y establece que ninguna entidad privada podrá funcionar como filtro para inscribirse, contratar o participar de procesos de compra. «Las cámaras tienen todo el derecho a existir, a capacitar y a representar a sus socios. Lo que no pueden es decidir quién trabaja y quién no», remarcó el diputado.
Demandas
En Fiambalá, el conflicto de los proveedores con Zijin-Liex lleva meses. La protesta del miércoles reunió a varios manifestantes, encabezados por el presidente de CAPROMITI, Enzo Morales, bajo la consigna «Sin desarrollo local, no hay minería». Cuestionaron que la minera realice con vehículos propios la escolta obligatoria de los camiones, un servicio que reclaman para las firmas de la zona.
La tensión había escalado a mediados de junio, cuando la cámara amenazó con bloquear las rutas por la sospecha de un acuerdo de la minera con una transportista cordobesa. Zijin-Liex lo negó y la medida quedó en suspenso. En septiembre, los proveedores conformaron una mesa de trabajo y le acercaron a la compañía un petitorio con pedidos de capacitación y contratación local, aunque aseguran que no hubo resultados.
La advertencia que CAPROMITI había lanzado en junio sobre la reactivación de Alumbrera y su nexo con Agua Rica se trasladó ahora a Andalgalá. Allí, la Cámara de Proveedores Mineros llamó a sus socios a una reunión extraordinaria al considerar que el departamento «corre el riesgo real de quedar postergado del desarrollo minero y económico».
El disparador fue el Informe de Impacto Ambiental de la etapa de explotación que MARA presentó en septiembre. Según explicó el presidente de la entidad, Rodrigo Delgado, el documento proyecta toda la fase de construcción a través de los departamentos Belén y Santa María, por la Ruta 47. El lunes, en una reunión con las demás cámaras de proveedores de la provincia, se reafirmó ese esquema, que la empresa fundamenta en razones logísticas.
«Entendemos también la postura de la empresa: hace su negocio y analiza costos», reconoció Delgado, aunque se preguntó qué beneficio dejaría ese recorrido en la Perla del Oeste, donde almacenes y hospedajes invierten a la espera de Agua Rica. La cámara solicitará una audiencia con el gobernador Raúl Jalil y con la ministra de Minería para pedir que el camino y el desarrollo del proyecto pasen íntegramente por Andalgalá.
Rio Tinto, un portal propio de proveedores
La empresa Rio Tinto puso en marcha un Portal de Proveedores en el que cualquier empresa interesada en trabajar con ella puede registrarse y presentar sus capacidades, mientras que las firmas que ya le venden pueden actualizar sus datos. La herramienta llegó junto con un dato sobre Fénix, su proyecto de litio en el Salar del Hombre Muerto, donde casi la mitad de lo adjudicado quedó en empresas catamarqueñas.
Según informó la empresa, en el período relevado se adjudicaron en Fénix 1B US$310,7 millones a proveedores argentinos, de los cuales US$153,6 millones fueron para firmas de la provincia. El NOA concentró US$228 millones, y de las 413 empresas contratadas, 143 son de la región. En el conjunto de sus operaciones en el país, la minera emitió en 2025/2026 órdenes de compra por US$696,2 millones, con el 79% del valor para empresas argentinas y la mitad para firmas del NOA.