La abogada Natalia Páez Vaca afirmó que el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, realizaba propuestas de índole sexual a Shirli Claribel Cordero y clausuró su local. El debate oral fue reprogramado para el 22 de octubre.
La abogada querellante Natalia Páez Vaca, representante de Shirli Claribel Cordero en el proceso judicial contra el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, declaró ante la prensa que Guaraz le realizaba propuestas de "índole sexual" a Cordero. Según Páez Vaca, "le clausuraron el local, la hostería, porque el intendente le realizaba propuestas de índole sexual, y ella no aceptaba esas propuestas".
La letrada sostuvo que Guaraz también tenía "insinuaciones amorosas" hacia Cordero, a quien "invitaba a salir, a viajar" y "le decía que la podía amar mucho". Asimismo, afirmó que el exfuncionario "la controlaba mediante mensajes y, como ella no accedía a sus intenciones, entonces le clausuró el local".
Páez Vaca indicó que la conducta de Guaraz "tuvo consecuencias" en Cordero, quien "tuvo que emigrar, tuvo que irse a otra provincia porque estaba viendo que acá no iba a poder prosperar nunca porque él no le permitía mantener abierto el local". Agregó que Cordero "decidió irse a vivir a otro lugar donde reside actualmente. Fue un cambio total de vida para ella". La abogada consideró que "el delito está bastante probado".
El segundo juicio contra Guaraz, previsto inicialmente para el jueves de la semana pasada, fue reprogramado para el 22 de octubre de este año. El inicio no se concretó porque el exjefe comunal designó nuevos abogados defensores: Jorge Bracamonte (H) y Gabriel Quiroga Barros, en reemplazo de Luciano Rojas. Ese margen permitirá a la nueva defensa conocer el expediente y las pruebas.
La imputación contra Guaraz se encuadra en la figura de abuso de autoridad en calidad de autor, contemplada en los artículos 248 y 45 del Código Penal. La acusación fiscal sostiene que el imputado utilizó atribuciones propias de su cargo ejecutivo para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente.
La causa se inició por lo sucedido en mayo de 2021 en Bañado de Ovanta. El expediente indica que Guaraz, en su función de intendente, rubricó el Decreto Municipal Nº 23/2021 para decretar el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento "San Antonio", administrado por Cordero. Según la investigación judicial, el exjefe comunal impidió que la dueña abonara las tasas tributarias adeudadas mediante el bloqueo de las vías administrativas locales para forzar la irregularidad del comercio. De acuerdo con las actuaciones de la instrucción, el mecanismo consistió en impedir intencionalmente que la propietaria pudiera cancelar sus obligaciones tributarias en las dependencias municipales. Tras bloquear los canales administrativos ordinarios para la regularización de las deudas, el Ejecutivo local emitió la norma que ordenó la clausura total y preventiva del local comercial.