El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias orales del caso que Argentina inició contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en el Atlántico Sur. Argentina solicita que se ordene al Reino Unido impedir el comienzo o la continuación de la explotación petrolera en la zona.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) determinó que el 10 y el 11 de noviembre de este año se realizarán las audiencias orales del caso que Argentina inició contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en el Atlántico Sur.
A través de una orden firmada el martes por el presidente de la entidad, el juez Maurice Kamga, el tribunal con sede en Hamburgo estableció las instancias en las que resolverá si frena el proyecto Sean Lion en la cuenca del norte de las Islas Malvinas mientras se conforma el tribunal que abordará la cuestión de fondo.
Las audiencias se llevarán adelante en la sala principal del organismo, serán públicas y podrán verse en vivo por la web del ITLOS. Los integrantes del cuerpo diplomático, la prensa y el público en general pueden registrarse con antelación para concurrir de manera presencial. El 10 y 11 de noviembre, el tribunal tendrá que analizar si tiene jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica accionar y si las medidas pedidas son proporcionales.
Argentina pide que se ordene al Reino Unido impedir el comienzo o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de utilizar información conseguida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no brinde nuevas autorizaciones que puedan agravar el conflicto. La determinación se conoce una semana después de que el gobierno de Javier Milei presentara su pedido de medidas provisionales, el 13 de octubre.
La orden del magistrado Kamga, registrada como caso número 37 en el tribunal, formaliza un procedimiento que empezó el pasado 28 de septiembre, cuando Milei le dio la orden a la Cancillería para comenzar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y avisó de manera formal a Londres. Si en dos semanas no se frenaba la explotación, Argentina recurriría a Hamburgo.
El plazo finalizó el 12 de octubre sin modificaciones en la postura adoptada por Gran Bretaña. Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno formalizó el pedido ante el ITLOS, basándose en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar, que autoriza solicitar medidas provisionales cuando todavía no se ha conformado el tribunal arbitral y la urgencia de la situación lo demanda.
El Reino Unido ya había rechazado las medidas el 11 de octubre, en una nota que el texto argentino califica como «una mera repetición de argumentos previamente planteados». La presentación, de 49 páginas, con la firma del embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, fue elaborada junto con la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal.
El yacimiento en conflicto se encuentra a 107 millas náuticas, aproximadamente 198 kilómetros, al norte de las Islas Malvinas, sobre una superficie de 541,40 kilómetros cuadrados, dentro de la licencia PL032. La operación la conduce la empresa israelí Navitas Petroleum, que maneja el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, el 35% restante. Ambas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y establecieron como inicio de la producción el primer trimestre de 2028.