El Juzgado Correccional Nº 1 de Catamarca suspendió la audiencia hasta el lunes para resolver un planteo de nulidad presentado por la defensa del exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, imputado por presunto abuso de autoridad.
El juicio contra el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, por presunto abuso de autoridad, comenzó este martes y fue suspendido poco después. Continuará el próximo lunes, según informaron fuentes judiciales.
La pausa fue dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 1 tras un planteo de nulidad presentado por la nueva defensa de Guaraz, quien cumple condena por abuso sexual en el penal de Miraflores y ahora debe responder por presunto «abuso de autoridad en calidad de autor».
El juicio debía comenzar la semana pasada, pero se postergó porque el imputado cambió de abogados defensores.
Este martes, la defensa ejercida por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, en reemplazo del letrado Luciano Rojas, pidió al Tribunal que declare la nulidad absoluta de una pericia informática, del acta de visualización, del decreto de determinación del hecho y del requerimiento de elevación a juicio.
El planteo fue desarrollado en un escrito de 21 páginas. A pedido de la querella y del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez Marcelo Forner dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes. Ese día, las partes expondrán sus posiciones y el magistrado resolverá sobre el pedido de nulidad.
Los abogados cuestionaron la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), que estuvo inicialmente a cargo de la fiscal penal Antonella Kranevitter y luego pasó a manos de Facundo Barros Jorrat, especializado en Delitos contra la Administración Pública.
Cuestionaron la pericia informática efectuada al celular de la denunciante, el informe técnico realizado, el DVD donde se grabó la información, el acta de visualización del teléfono, el decreto de determinación del hecho y la imputación, y el requerimiento fiscal de elevación a juicio. Para la defensa, las pruebas contra Guaraz fueron «producidas a espaldas del denunciado».
Aseguraron que desde que se realizó la denuncia por el supuesto abuso de autoridad, en junio de 2021, hasta diciembre de 2021, el MPF no notificó oficialmente a Guaraz ni le dio intervención en la causa. Consideraron que el celular peritado «nunca estuvo bajo custodia judicial y fue devuelto a la denunciante» después de cada actuación.
Remarcaron que sobre «la pericia informática se notificó un acto que no se hizo, y no se notificó el que se hizo», y que el dispositivo nunca fue secuestrado ni preservado.
Subsidiariamente, pidieron al juez que, en caso de que no declare la nulidad, se excluyan del debate la pericia y el acta «por haber sido obtenidos sin control de la defensa y sin garantías de integridad». También solicitaron que se declare que carecen de aptitud para acreditar que Guaraz efectivamente se comunicó con la denunciante.