Un artículo periodístico sostiene que las políticas de equilibrio fiscal, apertura comercial y desregulación del gobierno de Javier Milei se asemejan a la experiencia del Perú de las últimas décadas, y advierte sobre la precariedad social que persiste en ese país.
Un análisis periodístico publicado este lunes compara el rumbo económico del gobierno argentino con el modelo implementado en Perú durante las últimas décadas. Según el texto, la prioridad en el equilibrio fiscal, la apertura comercial, la desregulación y el impulso a los sectores extractivos que procura consolidar la administración de Javier Milei se asemejan menos a la Argentina histórica que a la experiencia peruana.
El artículo describe que Perú presenta uno de los sistemas políticos más inestables de América Latina, pero que esa turbulencia institucional tuvo como contrapartida una notable estabilidad económica, con crecimiento persistente aunque moderado, sostenido en gran medida por la actividad minera y las exportaciones.
No obstante, el texto señala que el crecimiento macroeconómico del Perú no se tradujo en una mejora del nivel de vida para el conjunto de su población. Según datos citados, siete de cada diez peruanos carecen de empleo registrado, lo que implica ausencia de aportes jubilatorios, cobertura de salud y protección frente al despido. En zonas rurales, la proporción supera el 90%.
Asimismo, un informe gubernamental de 2024 indica que solo el 37% de los peruanos tenía acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. El acceso a la atención médica y a la educación continúa marcado por desigualdades, según advirtió la ONU respecto de las poblaciones más vulnerables.
El análisis sostiene que el actual gobierno argentino ha logrado ordenar variables macroeconómicas y que el país cuenta con potencial minero, energético y agroexportador, con proyectos de gran escala en marcha. Sin embargo, afirma que no se advierte una estrategia equivalente para que esos beneficios lleguen al conjunto de la sociedad.
El texto concluye que el desafío no consiste en elegir entre estabilidad y equidad, sino en lograr ambas, lo que requeriría una política activa de generación de empleo formal, fortalecimiento de la educación y la salud públicas, e integración de las economías regionales.