En la audiencia del martes, José Rodríguez afirmó que Shirli Cordero manifestó su voluntad de abonar la habilitación, pero que el exintendente Elpidio Guaraz ordenó la clausura del local. La declaración de la denunciante se reanudará este jueves.
En el marco de la causa que investiga al exintendente de Santa Rosa Elpidio Guaraz por abuso de autoridad, el cobrador de impuestos José Rodríguez declaró en la audiencia del martes que la denunciante, Shirli Cordero, siempre manifestó su voluntad de pagar la habilitación de su local, pero que Guaraz ordenó la clausura.
Rodríguez sostuvo que él no cobró la habilitación en su momento porque de eso se encargó Guaraz, y aseguró que le hizo saber al exintendente que la mujer sí quería pagar. A pesar de ello, según su testimonio, Guaraz dispuso la clausura del local.
El testigo también declaró que vio a Cristina, madre de la denunciante, cuando rompía el segundo decreto de cobro y cuando le dio una cachetada delante de todos, mientras le decía a Guaraz: “¿Qué se piensa, que porque mi hija no te lo presta vas a venir a hacer lo que quieras?”.
Por su parte, Cristina explicó que Guaraz acosaba a su hija, quien debió renunciar a su trabajo en la Terminal de Ómnibus como dependiente de la municipalidad. Aseguró que la joven debió irse del pueblo por el hostigamiento tras la clausura ordenada por Guaraz. Según declaró, el hombre la citaba en horas de la noche y en su domicilio particular con el pretexto de trabajar sobre temas relacionados con hospedajes, y que el entonces intendente le sacaba fotos.
La denunciante, Shirli Cordero, se constituyó en querellante particular con el patrocinio de la abogada Natalia Páez Vaca y pidió declarar a distancia. Por fallas técnicas, el juez Diego Roberto Chaile Costilla, en reemplazo del titular Marcelo Forner, dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves para avanzar con la recepción de su testimonio.
La defensa, ejercida por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros en reemplazo del letrado Luciano Rojas, había pedido al Tribunal que declarara la nulidad absoluta de una pericia informática, del acta de visualización, del decreto de determinación del hecho y del requerimiento de elevación a juicio. Los planteos fueron rechazados por el juez Costilla.