La Secretaría Nacional de Discapacidad instrumentó la medida mediante la Resolución 3695/2026, tras la revocación del fallo que había ordenado reactivar los beneficios. Los beneficiarios deberán presentar documentación para recuperar el ingreso.
La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso la suspensión de 21.812 pensiones que habían sido restituidas por orden judicial, mediante la Resolución 3695/2026. La medida se adoptó después de que la Cámara Federal de Tucumán revocara el fallo que había ordenado reactivar los beneficios. El número de pensiones suspendidas corresponde a todo el país.
Según informó la Defensoría, los beneficiarios notificados tendrán 60 días corridos para solicitar la rehabilitación de la pensión, con documentación médica actualizada y los antecedentes correspondientes. El trámite puede realizarse de manera presencial en las oficinas de ANSES y en las dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, o mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico.
Además del pedido de rehabilitación, los afectados pueden interponer recursos administrativos. Para esas presentaciones, la Defensoría informó plazos de 20 o 30 días posteriores a la notificación, según el recurso que corresponda. El organismo advirtió que el término de 60 días para solicitar la restitución no debe confundirse con los previstos para impugnar la decisión administrativa.
La Defensoría aclaró que una decisión judicial limitó su intervención dentro del amparo colectivo impulsado contra las suspensiones, aunque mantendrá la atención al público para brindar orientación técnica y acompañamiento a los ciudadanos que necesiten reclamar. Ese límite fue establecido por la Cámara Federal de Tucumán, que revocó la sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca y cuestionó tanto la legitimación de la Defensoría para demandar a un organismo nacional como la posibilidad de resolver en conjunto las situaciones de todos los beneficiarios.
La nueva suspensión tiene como antecedente el amparo colectivo promovido en Catamarca por titulares de pensiones, asociaciones de personas con discapacidad y la Defensoría del Pueblo. El reclamo cuestionó las bajas aplicadas durante las auditorías de la ANDIS. Después de las cautelares dictadas en septiembre y octubre de 2025, el Juzgado Federal N.º 2 resolvió sobre el fondo el 20 de noviembre. El juez Guillermo Díaz Martínez ordenó restituir las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo y pagar los haberes adeudados, al considerar que ANDIS no había acreditado decisiones individuales que respaldaran las bajas. ANDIS defendió las auditorías y sostuvo que las suspensiones respondían a la falta de acreditación de los requisitos médicos.
El 13 de febrero de 2026, la Cámara Federal de Tucumán revocó la sentencia. La mayoría entendió que no existía una situación común suficiente para tramitar los casos como un proceso colectivo y que la Defensoría provincial carecía de legitimación para accionar contra una autoridad nacional.