La Policía antidisturbios rodeó este viernes la sede del Tribunal Constitucional de Polonia después de que el Gobierno de Donald Tusk suspendiera a su presidente, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, por un mes. La medida generó protestas de simpatizantes del opositor Ley y Justicia (PiS) y motivó el regreso anticipado del presidente Karol Nawrocki desde Senegal.
La Policía antidisturbios rodeó este viernes el Tribunal Constitucional de Polonia tras la suspensión de su presidente, Bogdan Swieczkowski, y de su adjunto, Bartlomiej Sochanski, dispuesta por el Gobierno de Donald Tusk. La medida, notificada la noche del viernes cuando agentes ingresaron al recinto del tribunal, tiene una duración de un mes.
Imágenes de televisión local mostraron a Swieczkowski, allegado del exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, en los terrenos de la corte mientras la policía le impedía entrar al edificio. El sitio web del tribunal dejó de estar accesible poco después de que se difundiera la información, por lo que no pudo verificarse de forma independiente la justificación oficial de la suspensión. La cuenta oficial del tribunal en la red social X calificó la medida como un “golpe de Estado” y sostuvo que Swieczkowski permanece en el cargo.
El presidente Karol Nawrocki, que viajaba hacia Senegal, ordenó el regreso de su avión a Varsovia al conocerse la noticia. “En un momento como este, el presidente debe estar en Polonia. Interrumpo mi vuelo a Senegal. Estoy regresando”, escribió en X. Según reportes periodísticos, el mandatario se dirigiría desde el aeropuerto directamente al tribunal.
Decenas de simpatizantes del opositor Ley y Justicia (PiS) se congregaron frente a la sede judicial para rechazar lo que consideran una destitución ilegítima. La policía informó que detuvo a tres personas que intentaron ingresar al complejo tras forzar el vallado perimetral y arrojar objetos contra los efectivos. Algunos manifestantes rezaban con rosarios e imágenes religiosas, mientras otros coreaban consignas contra el primer ministro.
Declaraciones del Gobierno y de la oposición
La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión de Swieczkowski y afirmó que la medida era necesaria para restaurar el estado de derecho, aunque el propio tribunal señaló que ella no puede asumir como presidenta interina porque no fue investida por el presidente de la República. En declaraciones públicas, Korwin-Piotrowska sostuvo: “En la Europa moderna, un Estado democrático no puede funcionar sin un Tribunal Constitucional que actúe como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos”.
El ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Zurek, confirmó que solicitó el levantamiento de la inmunidad legal de Swieczkowski y de Sochanski. “Este tribunal se ha convertido en propiedad privada; debemos restaurar su correcto funcionamiento”, declaró Zurek a periodistas.
El primer ministro Tusk justificó la decisión en un mensaje publicado en X la noche del viernes. “Restaurar el estado de derecho es nuestro deber. Tras años de ilegalidad bajo el PiS, este es un proceso difícil, a veces doloroso, y requiere acciones decisivas. No hay otra manera”, escribió.
El canciller Radoslaw Sikorski explicó, durante una reunión de cancilleres del Grupo de los 20 en Atlanta, que el oficialismo decidió avanzar contra la cúpula del tribunal ante la negativa del presidente Nawrocki a tomar juramento a jueces nombrados por el Parlamento. “El Tribunal Constitucional fue politizado bajo el Gobierno anterior. Lo que está ocurriendo tiene el propósito de permitir que la mayoría de jueces debidamente elegidos pueda hacer funcionar nuevamente al tribunal”, dijo Sikorski.
El líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, encabezó la protesta frente al tribunal y pidió a Nawrocki que actuara. Luego calificó la suspensión a través de X: “Este es el primer caso de su tipo en el mundo. A partir de hoy, Polonia se convierte en un Estado policial, y de ahí el camino directo es hacia el autoritarismo”.
El exministro Ziobro, desde Estados Unidos, donde se encuentra tras huir para evitar su arresto, calificó la medida de “un ataque criminal y flagrante contra el orden constitucional” y llamó a una resistencia “ruidosa, firme, solidaria e intrépida”.
En paralelo, el embajador polaco en China, Jakub Kumoch, designado durante el Gobierno del PiS, renunció a su cargo en reacción a “los acontecimientos” en Varsovia, según informó en X. El presidente de la Corte Suprema, Zbigniew Kapinski, emitió un comunicado en el que protestó contra la actuación policial y la decisión de suspender a Swieczkowski.
Origen de la disputa por el Tribunal Constitucional
El PiS gobernó Polonia entre 2015 y 2023 y, según críticos en el país y en la Unión Europea, impuso control político sobre instituciones judiciales clave, incluido el Tribunal Constitucional. Esas reformas motivaron que la UE aplicara multas al país y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara en 2021 que el tribunal polaco no era independiente ni imparcial en sus fallos.
Swieczkowski asumió la presidencia del tribunal bajo el Gobierno del PiS, y Tusk lo acusó de impedir que jueces electos por la mayoría parlamentaria asumieran sus cargos. El propio Tusk había anticipado en agosto, durante el Campus Polska, que su Gobierno tenía un plan para que el tribunal volviera a integrarse con jueces nombrados legalmente, aunque admitió que sus métodos podrían no ser del agrado de todos.
El mes pasado, el Parlamento había designado a Maciej Berek, principal asesor legal del Gobierno de Tusk, como nuevo juez del tribunal en un intento de destrabar el conflicto, pero Nawrocki también se negó a tomarle juramento. “Necesito estar seguro de que nuestros jueces entrarán a ese edificio y que todo se hará conforme a la ley”, había dicho Tusk el mes pasado. “Tal vez no sea muy elegante.”
El Gobierno de Tusk llegó al poder en 2023 con la promesa de restaurar la independencia judicial, pero sus esfuerzos fueron bloqueados mediante vetos de dos presidentes sucesivos alineados con el PiS, entre ellos Nawrocki. Mientras tanto, el tribunal permanece paralizado: Swieczkowski no reconoce a los jueces designados por el Parlamento, el presidente se niega a tomarles juramento y el Gobierno no publica los fallos del organismo.