Según estudios del sector, la producción argentina de cobre podría alcanzar 1,5 millones de toneladas anuales entre 2032 y 2034, lo que representaría alrededor del 15% del faltante global estimado en 10 millones de toneladas para 2040. Catamarca, con el proyecto MARA en Andalgalá, se posiciona entre las provincias con mayor potencial para capitalizar este ciclo.
La Argentina tiene frente a sí una oportunidad a partir de sus reservas de cobre, insumo central de la transición energética, la electromovilidad, las redes de transmisión eléctrica y la infraestructura digital.
Distintos estudios anticipan que hacia 2040 el mundo enfrentará un déficit de unos diez millones de toneladas entre la oferta y la demanda de cobre. Si los proyectos hoy en cartera avanzan según lo previsto, la Argentina podría alcanzar una producción cercana a 1,5 millones de toneladas anuales entre 2032 y 2034, lo que equivaldría a cubrir alrededor del 15% de ese faltante.
Catamarca es una de sus protagonistas naturales. Su geología, su historia minera y la envergadura de proyectos como MARA, en el departamento Andalgalá, la ubican entre las provincias con mayores posibilidades de capitalizar el ciclo. La experiencia acumulada desde la etapa de Bajo de la Alumbrera, con más sombras que luces, debería servir de aprendizaje. Hoy la provincia puede discutir con más información y mayor madurez institucional qué minería quiere y bajo qué condiciones.
De todos modos, ese potencial no se traduce por sí solo en desarrollo. Esa es la lección que la historia argentina y la catamarqueña en particular, nos ha dejado más de una vez. Los proyectos mineros exigen planificación y coordinación, sobre todo en infraestructura como caminos, energía, agua, conectividad. Las inversiones que la minería necesita no deberían concebirse como obras al servicio exclusivo de cada emprendimiento. Bien pensadas, pueden fortalecer otras actividades económicas y mejorar las condiciones de vida de la población local.
Hay que decir que existen focos de resistencia a la gran minería. La licencia social no se decreta sino que se construye con resultados concretos y verificables, que se traducen en empleo local de calidad, desarrollo de proveedores catamarqueños, capacitación técnica, controles ambientales transparentes y participación de las comunidades en el seguimiento de las operaciones. Se construye, también, con una distribución equitativa de la renta minera, de modo que regalías y aportes fiscales se traduzcan en obras, servicios y diversificación productiva y no se diluyan en la discrecionalidad del gasto corriente.
La provincia tiene, además, una oportunidad que no debería desaprovechar: usar el impulso del cobre para potenciar su propia estructura productiva. Esto es, que la minería funcione como articuladora de la agroindustria, el turismo, la energía, la formación universitaria y el entramado pyme local. Que la riqueza que sale de la montaña se convierta en capacidades que permanezcan cuando el mineral ya no esté. Ese es el sentido profundo de un desarrollo integral.
La minería metalífera tiene por delante el desafío de demostrar, con hechos, que puede ser un motor de progreso compartido. Si logra beneficios tangibles para las comunidades y para la provincia en su conjunto, habrá ganado la licencia social, que es la condición que hace posible todo lo demás.