El diputado provincial Javier Galán (MID) afirmó que el Gobierno busca «sacarlo de la cancha» y «silenciarlo», en el marco del pedido de desafuero impulsado por el juez de Garantías Marcelo Sago. La Cámara de Diputados deberá decidir si le retira los fueros con una mayoría especial de 27 votos.
El diputado provincial Javier Galán (MID) declaró que el Gobierno quiere «sacarlo de la cancha» y «silenciarlo», y sostuvo que continuará con su actividad política pese al costo personal que implica hablar cuando «hay cosas que están mal». Sus declaraciones se produjeron durante el trámite de desafuero solicitado por el juez de Garantías Marcelo Sago en la causa en la que se lo denunció por presunto abuso sexual con acceso carnal, exacciones ilegales y peculado de servicios.
La solicitud fue remitida a la Cámara de Diputados después de que la Corte de Justicia rechazara el recurso de casación con el que Galán intentaba evitar el trámite. La definición queda ahora en manos del cuerpo legislativo, que deberá tratar el tema en el pleno para resolver si le retira los fueros. Para que el pedido prospere se requiere una mayoría especial de 27 votos. Si se aprueba, quedará habilitada la investigación penal preparatoria, instancia en la que Galán podrá ejercer su defensa y presentar pruebas de descargo.
Galán afirmó que su defensa viene cuestionando distintas actuaciones judiciales porque afectan su derecho a defenderse, a ofrecer pruebas y a recurrir las decisiones que considera contrarias a la ley. Señaló que existen recursos pendientes ante instancias superiores, entre ellos el extraordinario federal, cuya situación procesal «debe ser respetada». Y preguntó: «¿Cuáles son los fundamentos jurídicos y cuál es la competencia que habilita esta nueva actuación?».
El legislador sostuvo que siente que se intenta «sacarlo de la cancha política». Su preocupación, agregó, aumenta porque las decisiones judiciales «pueden terminar condicionando» su participación democrática. En esa línea, cuestionó: «¿No pueden ganarme en la discusión de ideas? ¿No pueden enfrentarme políticamente? ¿Entonces la disputa termina trasladándose a los tribunales?».
Respecto de la denuncia, Galán manifestó que una acusación por abuso sexual «es un asunto de enorme gravedad y debe ser investigada con toda la seriedad que merece». Planteó que las cuestiones de género no pueden utilizarse para desacreditar a las víctimas, pero tampoco pueden «convertirse en una condena anticipada ni anular el derecho constitucional de defensa de una persona denunciada».
Asimismo, Galán se preguntó quién se animará a hablar cuando haya cosas que están mal, quién levantará la voz cuando otros prefieran quedarse callados y quién participará en política «sabiendo que cambiar las cosas puede tener un costo personal» y quién enfrentará los problemas que muchos conocen. Aclaró que no quiere que nadie tenga miedo de participar ni piense que involucrarse en política significa resignarse a las presiones, a las críticas o a las dificultades. «Si logramos que una persona tenga miedo de hablar, perdemos todos. Si logramos que alguien deje de participar, pierde la democracia», advirtió. Se preguntó también cuánto tiempo pasará hasta que aparezca alguien dispuesto a intentarlo de nuevo si quienes tienen ganas de cambiar las cosas se alejan.
Sobre su propio rol público, dijo que no sabe cuánto tiempo llevará cambiar la provincia, que no tiene todas las respuestas y que tampoco es un salvador ni pretende serlo: «Soy una persona, con errores, con convicciones, con una familia y con muchas ganas de hacer las cosas bien».
En su resolución, el juez Sago sostuvo que el desafuero es una medida preliminar, necesaria para iniciar formalmente la investigación penal preparatoria. Aclaró que no supone un juicio de culpabilidad. Remarcó que, por tratarse de una etapa previa a la investigación, el estándar de prueba no puede superar el de la sospecha fundada, que es el que se exige para abrir una investigación, y que a su criterio debería ser incluso menor.
Galán había intentado frenar el trámite, vinculado con la primera denuncia en su contra, al alegar que se vencieron los plazos de dos meses previstos para la investigación sumaria. Sago desestimó ese planteo porque las demoras respondían a presentaciones de la propia defensa, un criterio que respaldó la Cámara de Apelaciones y que la Corte de Justicia confirmó al rechazar la casación. Con esa etapa concluida, el magistrado formalizó el requerimiento a la Cámara de Diputados.
Insistencia de Saracho
El referente del Partido Obrero Pedro Saracho volvió a reclamar el desafuero del diputado Galán y planteó que es el camino para que quienes lo denunciaron puedan comprobar sus acusaciones. Aseguró que, si Galán todavía no lo tiene, es porque «se cocina un pacto de impunidad». Si no le quitan los fueros, sostuvo, ese pacto «quedará consagrado». Y cerró: «Aclaro: a Galán no lo están persiguiendo, lo están encubriendo. Desafuero ya. Investigación, juicio y castigo».