El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas finalizó su calendario ordinario a principios de noviembre sin emitir un dictamen sobre la solicitud de la defensa de la ex presidenta, quien busca revertir su condena e inhabilitación para poder ser candidata. La presentación podría ser tratada el próximo año.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó su período de sesiones ordinarias de otoño a principios de noviembre sin tratar ni emitir un dictamen sobre el reclamo presentado por los abogados de Cristina Kirchner para que se revierta su condena y pueda ser candidata. Así lo confirmó el organismo, que reanudará sus sesiones ordinarias en el primer trimestre del próximo año.
La defensa de la ex presidenta sostiene que el planteo está acompañado de tres medidas cautelares que podrían ser tratadas en cualquier momento. La presentación fue realizada por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego ante el Comité, órgano creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su Protocolo Facultativo.
En la causa Vialidad, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en San José 1111 y fue excluida del padrón electoral en cumplimiento del fallo. Enfrenta otros dos juicios: el caso Cuadernos y el de Hotesur – Los Sauces.
La presentación ante la ONU alega presuntas violaciones sustanciales al PIDCP y solicita la adopción de medidas cautelares urgentes. El reclamo de fondo se centra en el derecho a votar y ser elegida, y sostiene que el proceso penal tuvo como finalidad la «proscripción electoral de la expresidenta para impedir futuras candidaturas electorales». También cuestiona el «derecho a un juicio justo» y pide un «tribunal competente, independiente e imparcial».
Fuentes judiciales explicaron que la inhabilitación especial es «consecuencia directa del delito cometido y corroborado por todas las instancias judiciales». Asimismo, recordaron que la defensa nunca apeló la inhabilitación de por vida contemplada en el Código Penal. Según juristas, la decisión del Comité de la ONU no es vinculante ni puede interferir en la Justicia argentina; a lo sumo puede emitir una sugerencia al Poder Ejecutivo Nacional.
El procedimiento del Comité exige dar traslado al Estado denunciado para que presente sus observaciones sobre admisibilidad y fondo, con un trámite que suele demorar entre dos y tres años. Las cautelares solicitadas buscan la suspensión de la inhabilitación perpetua, la integración del tribunal de casación constitucional y la modificación de las condiciones de la prisión domiciliaria.