El diputado del MID afirmó que agentes policiales encubiertos lo investigan ilegalmente, según información de su abogado. La Justicia solicitó su desafuero y aclaró que no se trata de una condena.
El diputado del MID, Javier Galán, denunció públicamente que está siendo víctima de una investigación ilegal por parte de agentes policiales encubiertos o de civil, sin aportar pruebas. Según indicó, la información se la precisó su abogado, Leonardo Berder, a quien no nombró.
La denuncia se enmarca en lo que Galán describe como una persecución política y judicial en su contra, en un contexto en el que enfrenta denuncias penales que iniciaron el pedido de desafuero.
El Poder Judicial, por su parte, emitió explicaciones sobre el proceso. La Corte rechazó el último planteo de casación de la defensa de Galán. Según precisó el tribunal: “La Sala entendió que la defensa se había limitado a invocar la posible afectación de garantías constitucionales, sin explicar de qué manera concreta la decisión cuestionada ocasionaba un perjuicio de esa magnitud que justificara habilitar la revisión por vía de casación. Por estos fundamentos, declaró formalmente inadmisible el recurso interpuesto”.
Asimismo, la Corte remarcó que “la confirmación parcial del pedido de desafuero no constituye una decisión definitiva, ya que no pone fin a la discusión sobre esa cuestión. Su eventual procedencia se encuentra supeditada a la decisión que adopte la Legislatura”.
En el mismo sentido, se aclaró que “la decisión no representa un pronunciamiento sobre la existencia de los delitos investigados ni sobre la responsabilidad penal del legislador. Tampoco supone que se haya dispuesto su desafuero. La solicitud continúa sujeta a la decisión que corresponda adoptar a la Legislatura”.
El juez de Garantías n°4, Marcelo Sago, en la última solicitud firmada el 6 de noviembre, indicó: “El estándar probatorio que se requiere es el de la existencia de mérito suficiente para iniciar la investigación penal preparatoria y dicho estándar es precisamente el de sospecha fundada, la creencia o presunción que una persona pudo haber cometido uno o más ilícitos, sin que resulte una certeza condenatoria, sino solamente la verificación de indicios serios”.
El pedido de desafuero no implica una condena ni una decisión sobre la culpabilidad de Galán. Se trata de una solicitud a la Legislatura para abrir una investigación penal preparatoria, en la que la Justicia deberá reunir elementos probatorios. Galán podrá ejercer su defensa y su presunción de inocencia permanece vigente hasta que una condena quede firme.