La presentación, radicada ante la Fiscalía General, solicita investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental en el sumario disciplinario que terminó con la cesantía de Guillermo Ortega.
Un trabajador municipal de Santa Rosa, Guillermo Ortega, presentó una denuncia penal contra el intendente Mario Páez y otros funcionarios por el sumario que concluyó con su cesantía. El escrito fue radicado ante la Fiscalía General y pide investigar presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental.
La denuncia apunta al intendente por su participación en el trámite y por las instrucciones que habría dado sobre el acceso al expediente, y a los funcionarios que firmaron las resoluciones y el decreto de cesantía. También incluye a los encargados de Personal, Hacienda y Tesorería, que aún no están identificados, por lo que solicita investigar a quienes resulten responsables. Aclara que nombrar un cargo no significa acusar a una persona en particular.
Ortega, empleado de planta permanente de la Municipalidad, relató que el conflicto se originó en un episodio del 24 de agosto, cuyos hechos están en discusión y son investigados por separado en la Justicia penal. A raíz de ese episodio, la comuna le abrió un sumario y lo suspendió sin goce de sueldo. El 20 de octubre le otorgaron cinco días hábiles para presentar su defensa final, y el 6 de noviembre se dictó el decreto que dispuso su cesantía, del que fue notificado el 11.
Ortega tiene además un amparo en la Corte de Justicia, presentado por la suspensión sin sueldo, al que el 13 de noviembre sumó la cesantía y un pedido de medida urgente. En la denuncia aclara que esos caminos no reemplazan la investigación penal.
Según el escrito, la primera situación a investigar ocurrió el 22 de octubre, cuando su abogada, Dahiana Quinteros, concurrió a la Municipalidad a revisar el expediente. De acuerdo con lo que ella le contó, empleados municipales le indicaron que necesitaba una autorización previa del intendente, por lo que no pudo revisar las actuaciones. Ortega pide que se determine quién dio esa indicación y cómo afectó su derecho a defenderse.
Otro punto son los documentos del trámite. Ortega señala una fecha que no coincide en una notificación de septiembre y pide comparar los originales con los registros. “No afirmo falsificación consumada”, escribió, y aclaró que primero hay que ver si fueron errores o documentos alterados.
El último reclamo se refiere al sueldo. Ortega sostiene que desde septiembre no recibe depósitos en su cuenta bancaria, aunque sus recibos muestran pagos normales, sin los descuentos que correspondían a la suspensión. Pide que se comparen esos recibos con los movimientos del banco y con las órdenes de pago. Según indicó, la falta de cobro afecta a su familia, de la que es el sostén económico.
La cesantía fue cuestionada por familiares, allegados y distintos sectores que reclaman que Ortega vuelva a su puesto. El caso ya había generado manifestaciones y protestas en la delegación municipal de Lavalle, lo que tensó la relación entre la familia del trabajador y las autoridades comunales.
Acusación previa por amenazas
Páez, que asumió como intendente en diciembre de 2023, había sido acusado en julio por el vecino Aldo Rubén Cuello, que difundió un comunicado sobre un episodio ocurrido en una estación de servicio de La Merced. Según su relato, una camioneta lo pasó a alta velocidad y frenó de golpe para entrar antes que él, lo que lo obligó a hacer una maniobra brusca. Cuello contó que, cuando le dijo al conductor, que según él era Páez, que había sido imprudente, este le respondió que se corriera para que pasara y le preguntó si quería que se bajaran del vehículo. El vecino interpretó esa frase como una invitación a pelear.
