Manuel Gómez Bello, presidente de la Federación de Cámaras de Empresas Mineras de Proveedores Mineros, cuestionó los cambios en el RIGI y solicitó reforzar las normativas provinciales para proteger el empleo regional.
El referente sectorial Manuel Gómez Bello cuestionó los cambios en el RIGI y pidió reforzar las normativas provinciales para proteger el empleo regional.
Las modificaciones normativas en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que habilitan a que las sociedades constituidas y radicadas en el país sean consideradas proveedoras locales independientemente del origen de su capital, generaron preocupación en el sector empresario. Manuel Gómez Bello, presidente de la Federación de Cámaras de Empresas Mineras de Proveedores Mineros, advirtió sobre el impacto de las recientes disposiciones nacionales que equiparan a los proveedores locales con los extranjeros y aseguró que el sector deberá fortalecer sus mecanismos de defensa y articulación regional.
En el programa Manuel Gómez Bello, emitido por Ancasti Streaming, el referente sectorial sostuvo que la normativa impulsada desde Nación «incomoda» y pone en alerta a las cadenas de valor provinciales en un momento de pleno desarrollo de la actividad. Al cuestionar el cambio de criterio, el dirigente señaló que la medida interrumpe un proceso positivo que se venía construyendo en la región. «Lo primero que hizo fue que algo que venía cambiando, que nosotros de alguna manera no nos volvamos a abroquelar a nivel provincial», señaló, al tiempo que advirtió que la minería «tiene que ser con la gente de adentro, con la gente de las provincias, con la gente de los municipios».
Gómez Bello explicó que, si bien el RIGI opera en el plano fiscal e impositivo y las cuestiones socioeconómicas se resuelven a través de las declaraciones de impacto ambiental bajo jurisdicción provincial, la flexibilización de las condiciones genera asimetrías complejas de sostener. En ese sentido, señaló que la fuerte carga impositiva local impide competir en igualdad de condiciones con un importador, poniendo como ejemplo la diferencia de costos entre los insumos nacionales y los extranjeros: «una camioneta Toyota preparada y lista para entrar en un proyecto minero cuesta en Chile 25.000 dólares, en la Argentina 50.000». Ante este escenario, indicó que la federación impulsará una agenda de reuniones con autoridades provinciales y con cámaras de Salta, Jujuy y San Juan para «compartir experiencias, contar cómo trabajar más fuerte esa defensa del proveedor local».
Finalmente, el presidente de la federación remarcó que las gestiones apuntarán a exigir a las autoridades provinciales la profundización de las políticas públicas de desarrollo para los proveedores de la región.
