La negativa del oficialismo termina con las posibilidades de constituir una comisión en la Cámara de Diputados para seguir el caso de los fraudes procesales a través de los que, de acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Hugo Costilla, fue despojado de bienes muebles e inmuebles un número todavía indeterminado de personas.
Esta actitud de los diputados peronistas se suma a la indiferencia de la Corte de Justicia, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Colegio de Abogados frente a la ostensible alteración de la seguridad jurídica que emerge de una obviedad omitida en la descripción de los hechos desplegada por el fiscal: para perpetrar las estafas endilgadas a la llamada “banda de los usurpadores” fue indispensable la participación de los jueces del fuero Comercial y de Ejecución.
Ninguno de ellos es ni siquiera mencionado por Costilla, que sí marca como partícipes de la supuesta asociación ilícita a siete empleados judiciales de menor rango.
Cualquier miembro del Poder Judicial podría haber cumplido las funciones de suministrar a los líderes de la banda información sobre la marcha de los expedientes o aceitar su gestión que Costilla asigna a los que decidió encartar. Ninguno estaba en condiciones de perfeccionar las estafas con sentencias y resoluciones ejecutivas, salvo los jueces.
Sin jueces, como ya se ha señalado en esta columna, los delitos habrían quedado en tentativa.
Aunque tal vez Costilla tenga sus razones para no haberlos involucrado en esta etapa de la pesquisa, llama la atención que les facilite enmendar fallas o eventualmente destruir pruebas que pudieran comprometerlos en los ilícitos.
No menos llamativo es que la Corte de Justicia, hasta donde se sabe, se haya limitado a suspender y trasladar los agentes señalados por el fiscal, sin tomar medidas tendientes a analizar el desempeño de los jueces comerciales y de ejecución en la trama o impedir que obstaculicen la causa.
Tampoco los jueces tácitamente afectados en su prestigio han hecho nada por despegar del erosivo episodio.
La Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados cumplieron con el comunicado de rigor expresando sus aflicciones y pasaron a otra cosa. Los sindicatos ni siquiera eso, pese a que la causa incinera a los empleados pero protege a la patronal.
La corporación judicial y jurídica finge demencia frente a violaciones al derecho a la propiedad y al estado de derecho mismo que se perpetraron con la complicidad, por acción u omisión, de los encargados de velar por tales principios.
El contexto no contribuye a la tranquilidad pública.
El fiscal Costilla es objeto de un Jury por haber promovido el acuerdo de partes que extinguió la acción penal por el asalto a mano armada contra Matías Rolón Reynoso, procesado por las criptoestafas en RT Inversiones. Ayer el tribunal del Jury admitió formalmente otras dos denuncias en su contra: la referida a la causa por el asesinato del ministro Juan Carlos Rojas y la de una causa referida a la posesión del complejo “Wika” que pretendió archivar sin profundizar en la investigación por posibles maniobras de insolvencia fraudulenta de Edgar Adhemar Bacchiani.
Dedicado a engordar el expediente de la “banda de los usurpadores”, Costilla cifra esperanzas en que la Sala de Doble Conforme de la Corte invalide la anulación de las absoluciones pagas sentenciada por la Sala Penal del mismo tribunal. Pidió que el Jury se suspenda hasta que la anulación quede firme.
Esto, sin saber todavía si el fiscal Augusto Barros lo acusará o no ni, obviamente, el contenido de la eventual acusación.
¿Qué decidirá la Sala de Doble Conforme?
Cualquiera sea la respuesta a este interrogante, engranará en la historia que ha puesto otra a vez a todo el Poder Judicial en la picota.