La defensa de Gastón Agulles, uno de los imputados en la causa de la banda de los usurpadores, pidió el control jurisdiccional y el cese de la detención del hombre, que está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán.
El pedido fue hecho por el abogado defensor de Agulles, Pedro Vélez, ante el Juzgado de Control de Garantías. En la presentación, Vélez consideró que Agulles fue imputado «arbitraria y fantasiosamente» por el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, por el delito de «asociación ilícita».
Además, aseguró que su asistido está «privado arbitrariamente de su libertad en una causa donde se han cercenado ampliamente todos sus derechos y garantías bajo las fantasías del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y no en base a prueba latente, que, por otro lado, se retacea en su exhibición».
Según Vélez, Agulles «desconoce por qué se le imputa tamaña conducta, ya que no se tuvo acceso al expediente ni a la prueba de la que pretende valerse el MPF para acusarlo. Esta defensa considera que no es atinada la decisión del MPF de mantener la detención de mi defendido, ya que la libertad de mi asistido no supone de ningún riesgo para el proceso de la causa».
El abogado apuntó contra Costilla porque «aún existe prueba pendiente, debe decirse que ello no obedece a dilaciones de mi parte sino a la demora de la Fiscalía, que prometió la realización de prueba que ni siquiera urgió su producción».
Vélez remarcó que la causa se encuentra en un «avanzado estado de tramitación» e hizo énfasis en que se encuentra largamente vencido el plazo del control de detención de Agulles sin que se haya solicitado la prisión preventiva.
«(Se) torna innecesario mantener su privación de la libertad y siendo claro que mi defendido no va a eludir la justicia ni entorpecer el proceso, vengo a solicitar que se le conceda la libertad bajo la caución que prudentemente se considere adecuada a su condición económica», pidió.
Para Vélez, la investigación que está desarrollando Costilla «ya no se encuentra en sus albores (…), sino que se encuentra en un estado avanzado, y si no avanzó más es por la propia torpeza del MPF, que hace cuatro años o más viene tramitando la causa, donde el representante del Ministerio Público ha tenido toda la libertad para obtener toda la evidencia que creyera necesaria, proceder incluso a los secuestros o solicitar los allanamientos y registros que hubiere considerado necesarios para la recolección de cualquier evidencia que estimare conducente al esclarecimiento de los hechos y, fundamentalmente, mi cliente ha prestado una colaboración activa en la investigación».
Recusación
Ayer, El Ancasti dio a conocer que la defensa de Eduardo Ramón D’Abate, Rafael Rolando Rodríguez, Aldana Soledad Santisteban y Agulles, todos imputados por «asociación ilícita» en este proceso, apunta a saber por qué los cabecillas recusaban a la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Tercera Nominación, María Soledad Vega Romero.