Las objeciones a los cambios en el sistema de pagos y retenciones implementado por la OSEP no han hecho mención hasta ahora a una novedad curiosa.
El decreto que amplió la base para el cálculo del aporte de los afiliados establece la obligatoriedad de que los prestadores presenten el certificado de Cumplimiento Fiscal para poder cobrar.
Esta reglamentación indica que hasta ahora no era necesario que estuvieran al día con el fisco. La corporación médica se habría beneficiado de tal manera con una excepción negada a cualquier otro contratista del Estado, cosa más llamativa si se considera que los galenos cobran sobre las órdenes de OSEP el denominado “plus” que, por ser en negro, no tributa.
Esto, sin entrar en consideraciones sobre los abusos en las facturaciones y lisos y llanos ilícitos como los de las órdenes y certificaciones de servicio truchas, por los cuales se desarrolla una investigación penal en la Fiscalía de Delitos Complejos que tiene a varios profesionales y nosocomios en la mira.
Para justificar la ampliación de la base cálculo para el aporte del 4,5% del sueldo, la OSEP argumentó que «el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha experimentado un incremento muy bajo en comparación con la inflación real, lo que lo convierte en una base insuficiente para los aportes mínimos».
Por esta razón, estableció un índice “más representativo” de los ingresos de los empleados públicos en la provincia: el sueldo total, con los conceptos remunerativos y no remunerativos, excepto el salario familiar de los beneficiarios obligatorios directos; o el 80% del promedio ponderado entre la remuneración mínima mensual para los empleados de todos los escalafones y el escalafón docente.
El certificado de Cumplimiento Fiscal obligatorio, en tanto, se justificó en la necesidad de promover un entorno de servicios médicos más confiable y regulado.
ARCAT deberá «dictar las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas» para asegurar la correcta aplicación de la nueva reglamentación y garantizar “transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a la salud de los empleados públicos y sus familias”.
Toda una confesión de parte. No se entiende por qué no se les impuso a los profesionales de la salud antes el requisito de estar con sus impuestos al día, sobre todo por la ausencia de restricciones para que cobren el “plus” y los flexibles controles sobre eventuales malversaciones de los servicios prestados. Es una exigencia elemental que tenga la patente del auto al día.
En el marco de la política de reducción del gasto público, sería interesante saber, aunque sea de modo aproximado, cuánto le costaron al erario estas permisividades.
¿Cuánto deja de percibir ARCAT por los “plus” que abonan los pacientes de OSEP? Encima ni siquiera se exigía que los prestadores tengan el Cumplimiento Fiscal y la obra social tiene que abonar por servicios no prestados.
Dado que el Tesoro provincial es el que termina financiando el déficit de la OSEP, no es descabellado especular que el incremento de los aportes que deben pagar los afiliados tenga algo que ver con el laxo control fiscal sobre la corporación médica que ahora vendría a terminarse.
Si es que no se interponen planteos legales, por supuesto.