jueves, 15 de mayo de 2025 23:55
En conferencia de prensa, legisladores de la oposición presentaron una denuncia penal contra el gobernador Raúl Jalil, revelando detalles de una presunta maniobra fraudulenta para entregar la valiosa mina Cerro Atajo a una empresa que estaría vinculada al empresario Mario Cirigliano. En ese contexto, los denunciantes ofrecieron precisiones sobre la trama que involucra a la empresa estatal CAMYEN y a otra recientemente creada.
El diputado nacional, Francisco Monti, explicó que Cerro Atajo, una mina con comprobadas reservas de oro y cobre adquirida por CAMYEN tras un acuerdo con Yamana, fue adjudicada de manera «llamativa» a Lua Mining, una empresa constituida en marzo de 2024. Lo sospechoso, según el diputado, radica en que la propietaria de Lua Mining es «una señora Briguiña», secretaria de Mario Cirigliano, un reconocido socio y amigo íntimo del gobernador Jalil.
Tras la denuncia, CAMYEN emitió un comunicado oficial en el que reafirmó su cumplimiento de la normativa vigente y defendió la legalidad de sus operaciones. En el texto, la empresa explicó que el contrato con Lua Mining, firmado el 14 de mayo de 2024, tiene como objetivo principal la exploración minera y que fue suscripto por el presidente del directorio, Isidoro Bernardo Schalamuk, un reconocido geólogo con amplia trayectoria académica y profesional en el sector. La empresa también destacó que el acuerdo cuenta con el respaldo técnico y académico de la Universidad Nacional de La Plata, que brindará asesoramiento durante el proceso de exploración.
La empresa sostiene que su política estratégica busca posicionarse como actor clave en el desarrollo minero de la provincia, especialmente en áreas declaradas caducas o vacantes, con el fin de atraer inversiones nacionales e internacionales. La compañía negó las acusaciones de vaciamiento patrimonial y aseguró que, en todo momento, mantiene la titularidad de los yacimientos y que los contratos incluyen cláusulas que protegen sus intereses, como la posibilidad de adquirir hasta un 15% del mineral extraído y la participación en los beneficios de la venta.
Asimismo, CAMYEN remarcó que toda decisión relacionada con asociaciones y derechos mineros se realiza en estricto cumplimiento de la legislación vigente, en particular la Ley Nacional N° 27.275, que garantiza el acceso a la información pública. La empresa aseguró que mantiene una política de transparencia activa, publicando en su página web toda la información relevante sobre sus contratos, gestiones y resultados.