Una fuerte controversia se desató en torno al yacimiento minero de Cerro Atajo por una denuncia de referentes de la oposición contra el gobernador Raúl Jalil que fue desestimada desde la empresa CAMYEN.
El diputado nacional Francisco Monti, junto a los diputados provinciales Adrián Brizuela, Jonathan Lencina (La Libertad Avanza), Silvana Carrizo, Tiago Puente y Mamerto Acuña (UCR), afirmó que Jalil, a través de la firma minera estatal CAMYEN, habría favorecido a una empresa «fantasma» que estaría vinculada al empresario del transporte Mario Cirigliano para que se quede con la exploración y eventual explotación del yacimiento minero ubicado en Andalgalá (conocido por ser una importante reserva de cobre y oro). Monti y el resto de los legisladores advirtieron de un supuesto vínculo de amistad entre Jalil y Cirigliano que estaría confirmado al ser ambos socios en una empresa nogalera.
En conferencia de prensa, los referentes opositores apuntaron contra la firma Lua Mining, que según denunciaron, se creó el 5 de abril de 2024 y tan solo un mes después cerró un contrato con CAMYEN de «inversión para exploración y eventual explotación de Cerro Atajo».
Monti y los demás diputados advirtieron que Lua Mining es propiedad de Alexandra Gabriela Brighina y María Laura Fernández, siendo Brighina secretaria del «Grupo Plaza», que es propiedad de Mario Francisco y Sergio Cirigliano. A ese dato, añadieron que Mario Cirigliano es socio junto a Jalil en la empresa denominada “Frutos del Cerro” o “Finca La Rinconada”. También añadieron que el empresario acompañó al Gobernador en una comitiva que estuvo presente en una feria en Dubái como “empresario del rubro nueces y alfalfa” y que Jalil, participó del casamiento de un familiar directo de Cirigliano, en el Caribe.
«Es posible sostener, que la empresa Lua Mining fue creada por Mario Cirigliano en connivencia con el Gobernador Raúl Jalil o bajo algún acuerdo espurio del cual no conocemos», dijeron los diputados.
Los referentes de la UCR y de La Libertad Avanza realizaron una denuncia penal contra Jalil, por los delitos de tráfico de influencias, uso de información y datos reservados, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales y peculado. La presentación también recae contra los miembros de CAMYEN (piden que se llame a declarar a la expresidenta de la firma Susana Peralta) por la posible comisión de delitos de administración infiel, administración fraudulenta y defraudación por vaciamiento de empresa. La denuncia recayó en la Fiscalía Penal nº 6 con competencia en Delitos contra la Administración Pública a cargo de Facundo Barros Jorrat.
«Prácticamente se están robando una mina de oro y cobre en Catamarca», denunció Monti en conferencia donde también pidió que la Justicia «corra el velo y vea quiénes están detrás de este convenio y cuáles son los motivos que CAMYEN entrega en forma discreta al socio y amigo de Jalil».
Por su parte, Puente afirmó que «el Gobernador y su mejor amigo se están robando un emprendimiento minero», mientras que Carrizo recalcó que acompañará en la denuncia «para que se esclarezca porque se está perjudicando a la empresa estatal CAMYEN y a los recursos que son de todos los catamarqueños».
Desmentida
CAMYEN desestimó la denuncia y detalló los pormenores de la firma del acuerdo.
«CAMYEN niega y rechaza rotundamente respecto a la manifestación que realiza el diputado Monti, sobre que haya existido un detrimento y vaciamiento del patrimonio de la empresa dado que CAMYEN cede el uso y goce de las propiedades mineras con el objetivo de explorarlas y obtener información geológica, conservando en todo momento la titularidad del yacimiento minero en su consecuente rol como concesionario minero», dijo la firma.
Más adelante, añadió que en virtud del contrato celebrado con Lua Mining «se incluyen cláusulas que protegen y eventualmente pueden incrementar en cierto modo el patrimonio de CAMYEN, como ser la cláusula 8.3 que otorga a CAMYEN un porcentaje equivalente al 4,5 del valor de venta mensual de los minerales extraídos y la cláusula 2.16 la cual establece la facultad a favor de CAMYEN para adquirir hasta el 15% del mineral mensualmente extraído por la compañía».
Posteriormente, afirmó que el contrato fue firmado por el presidente del directorio de la firma, Isidoro Bernador Schalamuk «posición que ocupa en virtud de su amplia trayectoria y reconocida capacidad técnica».
«El presidente de Lua Mining cuenta con larga trayectoria en el rubro de la minería especializándose en prospección y exploración minera de yacimiento de minerales metalíferos», destacaron desde la firma estatal.
Finalmente, indicaron que los términos contractuales bajo los cuales CAMYEN otorga derechos de exploración son «evaluados y estructurados con el objetivo primordial de asegurar la mayor protección posible de sus intereses empresariales ante eventuales contingencias. Así es, que dichos contratos incluyen cláusulas expresamente previstas en resguardo de los intereses generales de la empresa, de la Provincia de Catamarca y de sus ciudadanos».
Críticas a la denuncia
«Ponen en riesgo las inversiones y dañan la reputación de Catamarca»
Además de negar las acusaciones de los legisladores, CAMYEN afirmó que podrían perjudicar el futuro minero de Catamarca.
«Las acusaciones sobre presuntos vínculos y falta de transparencia no solo carecen de sustento probatorio, sino que constituyen un acto de profunda irresponsabilidad institucional. Este tipo de denuncias infundadas pone en riesgo las inversiones en curso y daña gravemente la reputación de Catamarca como destino confiable para nuevos capitales, tanto nacionales como internacionales», afirmaron desde la empresa estatal, hoy comandada por Hugo Gabriel Moya.
Más adelante, desde CAMYEN aseguraron que «atentar contra la confianza en las políticas públicas no solo compromete el desarrollo económico de la provincia, sino también el empleo de cientos de catamarqueños y catamarqueñas».
«Además, envía un mensaje desalentador que afecta directamente a uno de los sectores estratégicos para el crecimiento de nuestra provincia: la minería, motor clave para la generación de trabajo, ingresos fiscales y oportunidades concretas para nuestras comunidades», aseguró el comunicado.
Finalmente, plantearon el «enérgico rechazo a cualquier intento de desinformación que pueda poner en riesgo proyectos estratégicos para el desarrollo económico, la generación de empleo y el progreso social de nuestra provincia».