En el mismo paquete de decretos en el que disolvió el Ente Regulador (ENRE) e implementó la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo provincial modificó la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, en la cual equiparó los sueldos del presidente y los dos vocales con los miembros de la Corte de Justicia. En rigor, los demás cambios introducidos a esa ley son formales y nada urgentes. Queda claro que el objetivo no fue otro que poner a la cúpula del organismo al tope de los ingresos públicos en Catamarca.
En efecto, el decreto acuerdo firmado el 30 de abril, un día antes de la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, es un catálogo de buenas intenciones respecto a la función y misión del único órgano de contralor de la administración financiera de la Provincia.
Menciona, entre otras cosas, que el Tribunal de Cuentas (TC) “constituye un órgano extra poder destinado a garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos, la transparencia en la gestión gubernamental y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”.
Señala que “el control de la hacienda pública representa un instrumento fundamental para asegurar el respeto de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad que rigen la actividad administrativa…”.
“Que la administración pública modera, caracterizada por una creciente complejidad en la gestión de los recursos estatales y una mayor demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas…”; “que resulta necesario consolidar la autonomía funcional y administrativa del Tribunal de Cuentas, reforzando su independencia en el ejercicio de sus atribuciones, en resguardo de los valores republicanos y del principio de división de poderes…”.
En definitiva, los “considerandos” del decreto, como suele suceder, representan meros enunciados idealistas con los que la mayoría coincide, pero no se corresponden con el sentido de los puntos concretos que siguen en el articulado.
Por caso, ninguna de esas expresiones fundamenta la “necesidad” de que el triunvirato conductor del organismo perciba los mejores sueldos de Catamarca, ni cómo eso contribuirá a mejorar la fiscalización del manejo de los fondos provinciales y municipales.
En general, las modificaciones a la ley 4621, escrita y promulgada por el interventor provincial Luis Prol en agosto de 1991, apuntan a “aggiornar” la norma a la luz de la era digital. Por ejemplo, en lugar de enviar notificaciones físicas a domicilios, ahora alcanzará con el correo electrónico e interacciones con la plataforma digital del TC.
En otras jurisdicciones del país, las adaptaciones de las normas viejas a la nueva realidad digital se hicieron vía reglamentaria, es decir, sin modificaciones en la legislación vigente. Y, por supuesto, sin decretazo de apuro.
Hay, incluso, cambios que no son tales, sino reiteraciones del mismo texto. Ocurre con la “modificación” del artículo 68° de la ley 4621, tal como se observa a continuación:
Los mejores sueldos
En la primera ley Prol (N° 4621), los sueldos del presidente y los vocales del TC estaban equiparados con los de los “jueces de cámara del Poder Judicial”. El decreto acuerdo N°720 firmado por el gobernador Raúl Jalil y el resto de los ministros del Ejecutivo dispuso que esas remuneraciones sean iguales a las de los “ministros de la Corte de Justicia de la Provincia”.
Hoy, en realidad, no hay diferencias entre unos y otros; incluso podría afirmarse que los conductores del TC ganan lo mismo o más que la mayoría de los cortesanos. El único juez de la Corte que supera por un buen margen al resto es José “Pepe” Cáceres, cuyo sueldo ronda los $9 millones porque es el que tiene mayor antigüedad, mientras que los demás cobran alrededor de $7 millones.
Por su parte, el presidente del TC tiene una remuneración cercana a los $9 millones y dispone de una “caja chica” de $2 millones para gastos varios. Según fuentes consultadas por INFORAMA, esos gastos no tienen rendición de cuentas, lo que configura un auténtico contrasentido respecto a la misión del organismo sobre el control de los recursos públicos. Transparencia cero.
Entonces, ¿cuál fue la razón de la “apremiante” equiparación salarial dispuesta por el Gobierno?
Un juez de la Corte tiene un tope de antigüedad de 40 años, respecto a la fecha en que obtuvo la matrícula de abogado, mientras que el presidente y los vocales del TC no tienen ningún tope; pueden cobrar los adicionales por antigüedad hasta que les dé la vida.
Como la equiparación se refiere al sueldo básico de un juez de la Corte y los jefes del TC, éstos harán la diferencia en el bolsillo con el ítem antigüedad sin tope. En cálculos gruesos, sería entre 25 y 30 por ciento arriba. Por cierto, este punto no fue modificado en el decreto acuerdo remitido a la Legislatura. Es aquí cuando dejan de ser tan iguales.
En suma, el decreto 720 del Ejecutivo asegura que el presidente del TC y los dos vocales serán en adelante los funcionarios públicos mejor remunerados de Catamarca. La pregunta es si se trata de un salario bien ganado o es solo privilegio político.
¿Podría la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene una mayoría ajustada, modificar esta situación? En teoría sí, pero en la práctica es demasiado improbable, y no solo por diferencia de votos: cada año, la Cámara baja aprueba, sin mirar con tanta lupa, la memoria y balance del Tribunal de Cuentas. Y éste hace lo propio con los gastos de la Legislatura y de todo el Estado. No se conocen conflictos administrativos por los números de unos y otros.
Vacante en disputa
El máximo responsable del tribunal es el abogado Jorge Moreno, exministro de Jalil y compañero de militancia en la Renovación Peronista del PJ. Los vocales que lo acompañan son Sebastián Véliz, contador y exministro de Economía, y Víctor Villarroel, también contador.
El 29 de abril pasado, Villarroel presentó formalmente su renuncia al cargo al Gobernador porque decidió jubilarse. Estará en funciones hasta el 31 de julio próximo. Con su salida, se abre una vacante en el codiciado triunvirato del TC.
Al día siguiente, en medio del recambio de autoridades en el Gabinete provincial, se adelantó extraoficialmente que Juan Cruz Miranda, extitular del hoy Ministerio de Desarrollo Productivo, sería el elegido por el primer mandatario para cubrir la vacante que deja Villarroel.
Sin embargo, en los pasillos del TC suena el nombre de Natalia Dusso, hija del vicegobernador y exvicepresidenta de la minera estatal CAMYEN, para ocupar esa vocalía. Curiosamente, en el mismo organismo hoy está trabajando como empleada Susana Peralta, contadora y expresidenta de CAMYEN.
La pulseada la terminará de definir Jalil en breve. Tiene tiempo hasta agosto próximo, cuando se produzca efectivamente la vacante de vocal.
Pero más allá de cargos y nombres, existen dos aspectos centrales en torno al Tribunal de Cuentas en sí.
Desde el punto de vista del discurso oficial de la crisis, resulta un verdadero despropósito que el Ejecutivo apure un decreto solo para ubicar a la cúpula del organismo en el peldaño salarial más alto de la provincia. Porque esto se da en plena vigencia de la Ley de Emergencia Económica y en la previa a una poda histórica de los sueldos de los empleados públicos en sus aportes a OSEP. Es evidente que la austeridad se aplica en forma selectiva.
Por otro lado, sigue pendiente el cumplimiento efectivo del rol institucional que debe desempeñar el Tribunal de Cuentas, como órgano de contralor del uso de la hacienda pública, algo que no se resuelve con reformas formales de la ley.
Dicho en otros términos, ¿los catamarqueños asumen que existe un contralor firme y riguroso del manejo de los recursos estatales, que son de todos y no del gobierno de turno? ¿O creen que todo se esconde debajo de la alfombra, por exclusivo imperio de la mala política?