La ex vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó cumplir su condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario en su vivienda actual, ubicada en San José 1111, donde reside con su hija Florencia Kirchner y con su custodia habitual. Además, pidió que no se le coloque tobillera electrónica. En paralelo, la fiscalía insiste en su inmediata detención.
En un documento de 13 páginas presentado poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema, los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que Cristina Kirchner no sea alojada en una alcaidía y que se ordene directamente su arresto domiciliario.
El juez Jorge Gorini dio cinco días hábiles para que los condenados, incluida Cristina Kirchner, se presenten personalmente en Comodoro Py y queden detenidos. Además, pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para alojarlos hasta que se resuelvan los planteos de las partes.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la inmediata detención de la ex vicepresidenta, al considerar que el plazo otorgado es excesivo, ya que incluye un fin de semana y un feriado nacional.
En el pedido de prisión domiciliaria, la defensa argumentó la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, los riesgos para su seguridad tras el atentado sufrido en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.
«En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria«, afirmaron sus abogados.
Según la defensa, alojarla en una cárcel común no garantizaría las condiciones mínimas de seguridad y derivaría en un «régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente«, medidas que, indicaron, no se ajustan a los estándares constitucionales y los tratados internacionales en materia de ejecución penal.
Por este motivo, solicitaron que la ex vicepresidenta no utilice tobillera electrónica, ya que cuenta con custodia permanente y, según sus abogados, el uso del dispositivo sería «completamente innecesario», aunque está contemplado en la Ley de Ejecución Penal.