Hugo Costilla, el fiscal que investiga los casos penales más resonantes de Catamarca, será sometido a un Jury de Enjuiciamiento por la causa Wika, un expediente que involucra intereses particulares de la mega estafa de Edgar Bacchiani. A diferencia de su colega Laureano Palacios, que fue salvado por la política pese a su lamentable actuación en el crimen del exministro Juan Carlos Rojas, Costilla carece de padrinos en el poder y está en la mira del Gobierno. O sea, poco importa que el Derecho esté de su lado. Penosamente, así funcionan hoy muchas cosas en la provincia.
Costilla es el fiscal que más denuncias suma en el Tribunal de Enjuiciamiento: el diputado Hugo Ávila lo denunció por haber pedido el sobreseimiento de cuatro imputados en el asalto violento en Parque América; el empresario Cristian Guillou hizo lo propio por la actuación del fiscal en la causa Wika; los hijos del exministro Rojas lo denunciaron por su desempeño en la investigación del homicidio; el comerciante Mario Rodrigo Del Campo, imputado por asociación ilícita como “líder” de la banda de estafadores, presentó una denuncia por mal desempeño y lo mismo hizo su hija, Dolores Del Campo, quien además agregó el delito de privación ilegítima de la libertad. Cinco denuncias en poco más de un año. Un verdadero récord.
Hay dos posibilidades de que un fiscal o juez pueda ser objeto de tantas denuncias en tan poco tiempo: o es muy ineficiente y parcial en su trabajo, lo cual habla pésimo del Poder Judicial que lo sostiene, o bien presiona puntos sensibles del entramado político provincial. ¿Cuál sería el caso del fiscal Costilla?
Sin embargo, la ley establece que las causas no son acumulables. Es decir, un magistrado debe ser enjuiciado solo por una causa en la que intervino. Hasta el momento, la única denuncia que está firme es la del caso Wika, el local bailable y gastronómico ubicado en inmediaciones del dique El Jumeal. Así lo resolvió el Tribunal de Jury al dar curso a la presentación de Guillou.
En cambio, la denuncia por el acuerdo conciliatorio -por reparación económica- al que arribaron víctimas y victimarios del asalto en Parque América, un arreglo que una sala de la Corte de Justicia declaró nulo, está pendiente de resolución en otra sala del mismo tribunal. Salga como sea, Costilla no podría ser juzgado por este expediente. Tal vez sí en un proceso posterior.
La denuncia por la actuación del fiscal en el crimen de Rojas fue desestimada en el Tribunal de Enjuiciamiento, mientras que las presentaciones de Del Campo (padre e hija) todavía no fueron analizadas.
Precisamente, Costilla quedó a cargo del caso Rojas luego del paso de su par Palacios, quien enfrentó un Jury por el mal manejo de la investigación y fue eximido de culpa y cargo gracias a los votos oficialistas del tribunal.
Estafadores asaltados
Los pormenores del asalto a los hermanos Matías y Gustavo Rolón Reynoso en su casa de Parque América, en la madrugada del 4 de septiembre de 2024, fueron ampliamente desarrollados por este diario, como así también el meollo judicial que continuó después.
En pocas líneas, el 9 de diciembre pasado, el juez de Garantías Héctor Maidana homologó el acuerdo que las partes presentaron antes al fiscal Costilla para dar por extinguida la acción penal a cambio de una reparación económica a las víctimas. El arreglo benefició a Camilo Carrizo, Guillermo Nieva, Diego Arroyo y Fernando Pacheco, acusados por el asalto violento a los hermanos Rolón Reynoso y a Carlos Varela Villegas.
La decisión de Maidana provocó una fuerte reacción política. El diputado Hugo Ávila (FAC) presentó un pedido de Jury para Costilla y Maidana y el radicalismo responsabilizó al Gobierno por la “demolición del sistema institucional” en la provincia.
Ante el revuelo, la Fiscalía General encomendó a la fiscal en feria Paola González Pinto que investigue las circunstancias del arreglo. El 29 de enero pasado, la fiscal promovió una “acción autónoma de nulidad por cosa juzgada írrita” de la sentencia de Maidana. Diez días después, la Sala Penal de la Corte de Justicia -integrada por María Fernanda Rosales, Hernán Martel y Verónica Saldaño– hizo lugar a la acción de González Pinto y declaró nula la sentencia del juez Maidana.
Con esa medida, el enjuiciamiento del juez y del fiscal que habilitaron este acuerdo conciliatorio entre los Rolón Reynoso, uno de ellos procesado en la Justicia Federal por las estafas piramidales de la financiera RT Inversiones, y los asaltantes que fueron a recuperar su plata, estaba a tiro de apertura.
Pero Maidana ya tenía un pie afuera de la Justicia: unos días después presentó su renuncia al cargo para jubilarse, y el gobernador Raúl Jalil se la aceptó sin más. Es decir, solo quedaba Costilla para responder por todo. O al menos eso pretendían sus acusadores.
No obstante, en el sistema judicial existe una división de roles insoslayable: el fiscal se encarga de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables, mientras que el juez es quien resuelve el caso, dictando sentencia y aplicando la ley. Así, el juez actúa como garante de la legalidad y de la imparcialidad.
Ante la resolución de la Sala Penal, tanto la defensa de Costilla como los abogados de las partes acudieron a la Sala de Doble Conforme de la Corte y le pidieron que revise y se expida sobre la anulación del acuerdo conciliatorio y el sobreseimiento de los acusados.
La Sala de Doble Conforme está integrada por los jueces José Cáceres, Miguel Figueroa Vicario y Jorge Bracamonte, el más reciente ministro del tribunal superior. Fuentes consultadas por INFORAMA afirman que hay dos votos que se oponen a lo decidido por la Sala Penal, ya que no están de acuerdo con habilitar la feria judicial para voltear una sentencia. El tercer voto es un misterio, o quizás no tanto.
Si esos dos votos se confirman, el acuerdo conciliatorio quedaría firme y, por lo tanto, también los sobreseimientos de los acusados de Parque América. El fiscal Costilla tendría una preocupación menos a futuro.
El caso Wika
Todo comenzó en 2021, cuando Bacchiani firmó un contrato de compra-venta del complejo bailable con Guillou, pero no pagó todo lo acordado. En enero de 2022, Guillou se presentó en el predio y tomó posesión, y después denunció a Bacchiani por “insolvencia fraudulenta”. Este acto fue denunciado penalmente por la ex pareja del trader, Zaraive Garcés Rusa.
Posteriormente, el comerciante Alejandro Segli presentó una segunda denuncia en la que reclamaba igualmente la propiedad del local que, según afirmó, le había comprado a Bacchiani. Ambas denuncias fueron unificadas en un mismo expediente por el fiscal Costilla, quien imputó a Guillou por usurpación. Pero luego fue apartado de la causa por el juez de Garantías Marcelo Sago.
En lugar de Costilla, la causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Sánchez Ruiz, quien determinó que no era posible sostener la acción penal debido a que habían transcurrido más de 3 años sin que se adoptaran medidas en el proceso. El juez Lucas Vaccaroni resolvió archivar las actuaciones iniciadas por Segli y sobreseer a Guillou.
Sago había cuestionado a Costilla porque desestimó la denuncia por insolvencia fraudulenta en lugar de profundizar la búsqueda de pruebas de «un eventual desapoderamiento u ocultación patrimonial de inmuebles” por parte de Bacchiani a través de “terceras personas” como Garcés Rusa, “utilizando para ello los servicios de la escribanía» de Joaquina Córdoba Gandini, también involucrada en la causa de las estafas piramidales. Es decir, todos delitos que se investigan en la órbita de la Justicia Federal.
De hecho, con buen criterio, el fiscal Sánchez Ruiz aceptó hace unos días el pedido de su par federal y remitió el expediente Wika a esa jurisdicción. No tiene ningún sentido que el mismo delito se persiga en la Justicia provincial y nacional.
Pese a todo, el fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, Augusto Barros, se basó en los argumentos del juez Sago para expedirse a favor del Jury al fiscal Costilla.
«Las irregularidades relatadas en la denuncia, ratificadas en legal forma y corroboradas parcialmente por documentación acompañada, encuentra respaldo adicional en las severas observaciones formuladas por el juez de Control de Garantías interviniente, Marcelo Sago, cuyas resoluciones describen con rigor técnico múltiples deficiencias en la actuación del fiscal Costilla», escribió Barros.
A su criterio, tales conductas «valoradas en su conjunto resultan a prima facie subsumibles en las causas de remoción», por cuanto configuran un «supuesto de mal desempeño, ignorancia inexcusable del derecho e incumplimientos reiterados de los deberes inherentes al cargo».
La ley provincial N°4247 regula cómo debe ser el enjuiciamiento de los magistrados. En su artículo 10, establece que las causales de remoción son las siguientes:
a) Mal desempeño de sus funciones y falta grave o hecho que pudieran constituir delito en ocasión del ejercicio de sus funciones.
b) Desorden de conducta.
El artículo 11 aclara que ambas causales deben darse en forma “reiterada”, esto es, no deben ser conductas aisladas o excepcionales.
Ahora resta que el fiscal Barros formule la acusación puntual contra Costilla. Tiene 6 días hábiles para hacerlo desde que fue notificado, el pasado miércoles 18, de la apertura del Jury por el caso Wika. En rigor, debería presentarla el próximo viernes 27.
El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por la ministra Fernanda Rosales (presidenta), el senador Augusto Ojeda (PJ), los diputados Damián Brizuela (PJ) y Carlos Marsilli (UCR), y los abogados del foro María Cecilia Martín y Federico Pague.
Algunos miembros del tribunal recibieron indicaciones muy directas de parte del Ejecutivo provincial de que Costilla no debería continuar en el Poder Judicial. Algo tan temerario como previsible en una provincia con instituciones débiles.
El primer responsable de esa tarea será Augusto Barros, quien antes de ser fiscal hizo de la política su medio de vida: fue durante muchos años apoderado del PJ y luego diputado provincial. No existe en la Justicia otro magistrado más manifiestamente peronista que él.
El enjuiciamiento al fiscal Costilla será una demostración concreta de si la ley puede imponerse a la política. O no.