Este lunes se conoce el veredicto en el juicio por la muerte de diez residentes del geriátrico Apart Los Incas de Belgrano, tras un brote masivo de Covid en abril de 2020.
El caso tiene seis imputados. Cuatro de ellos son los dueños, dos matrimonios: Hugo Visca y Daniela Alejandra Gonzalo, y Luis Daniel Megyes y Alicia Haydee Allegue. Las otros dos imputadas son la directora médica Carla Raffo y la ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Paula Trunzo.
Durante los alegatos la fiscalía y las querellas pidieron penas de entre tres y ocho años de prisión para Megyes, tres y seis años de prisión para Visca y Raffo, y tres para Gonzalo y Alicia Haydee Allegue, otra de las dueñas. En todos los casos también se solicitaron las inhabilitaciones. Para Trunzo pidieron su absolución.
En tanto, las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de sus clientes al alegar una situación de fuerza mayor por tratarse de una pandemia global.
“La fiscalía pidió el desistimiento de la acusación para Trunzo, nosotros adherimos, como también lo hicieron otras querellas, porque la legislación que existía en ese momento no la habilitaba a tomar acción más allá de la que hizo”, dijo el abogado Ignacio Trimarco, representante de varios familiares de las víctimas.
“Creo que es un caso bisagra. A partir de este hecho se modificaron las leyes y protocolos de inspecciones en los geriátricos, que antes eran muy laxas, y se endurecieron los controles y las penas para quienes no cumplan”, opinó Trimarco.
El caso
El 21 de abril de 2020 fue la evacuación del geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola, tras denuncias de familiares y un brote de coronavirus que provocó diez muertes.
Cinco años más tarde, el 19 de mayo pasado, comenzó el juicio en el juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Juan Manuel Neumann, María Julia Correa y Norberto Circo.
Los imputados son los dueños Megyes y Visca, considerados responsables de la administración del lugar; Raffo, directora médica; Trunzo, ex funcionaria porteña a cargo de fiscalizar estas instituciones; Gonzalo, presidenta (y pareja de Visca) y Allegue, vicepresidenta (pareja de Megyes).
Las parejas propietarias y la directora médica están imputados por por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias.
Trunzo, que debía fiscalizar geriátricos como funcionaria del Gobierno de la Ciudad, está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Sergio Federovisky, cuyo testimonio fue clave en el proceso, presenció cada audiencia con la imagen de su madre Delia Ivanac presente. Fue él quien denunció la situación de abandono total del geriátrico aquel fin de semana de abril de 2020, cuando no hubo médicos, ni directivos, ni personal calificado. Solo un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero quedaron a cargo de más de una docena de residentes.
La escena terminó en tragedia. “Mi madre el viernes por la noche sufrió un accidente como resultado de que el electricista quiso moverla. Ella no caminaba, se le cayó y le provocó una fractura de pelvis”, relató a Clarín.
A lo largo del debate, también se presentó documentación que daba cuenta de irregularidades que precedían a la pandemia: historias clínicas sin actualizar, residentes sin control médico y empleados presionados a trabajar aun con síntomas compatibles con Covid.
MG