martes, 1 de julio de 2025 12:30
En una contundente conferencia de prensa desde la Legislatura Provincial, los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Tiago Puente, Silvana Carrizo, Natalia Herrera y Mamerto Acuña, lanzaron una grave denuncia contra la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), acusando a su administración de «timba financiera» y malversación de fondos.
El diputado Tiago Puente fue el primero en tomar la palabra, afirmando: «La OSEP no está quebrada, lamentablemente está invertida y está mal administrada». Puente reveló que la obra social tiene «un millón de dólares de enero de este año invertido en un fondo financiero en la provincia de Buenos Aires». Mostrando documentación, precisó que se trata de «un millón sesenta y cinco mil dólares, que eso hace un poco más de mil millones de pesos que están invertidos en una financiera», identificada como Balanz, cuyo CEO es Claudio Porcel.
El legislador denunció además que, entre enero y mayo, esa inversión «bajó a ochocientos mil dólares», y cuestionó: «¿A dónde están esos 200 mil dólares que faltan, que se desaparecieron de enero a mayo? ¿Qué pasó? Queremos saber eso».
Afiliados peregrinan mientras OSEP «juega a la timba»
La indignación de los diputados se centró en el contraste entre la situación financiera de OSEP y la realidad de sus afiliados. «Mientras los afiliados de la obra social peregrinan para pedir las derivaciones, para pedir que los medicamentos lleguen a tiempo, o hacen rifas, o hacen peñas solidarias, otros, quienes administran la obra social de los empleados públicos, juegan a la timba financiera», sentenció Puente.
El diputado comparó la situación con no tener para alimentar a los hijos, pero sí tener dinero invertido en un banco. «Eso está pasando con la obra social», afirmó, y agregó: «Pero lo más grave de esto es, ¿cuánto es la ganancia que está dejando esa inversión? ¿A dónde está yendo la ganancia que está dejando esa inversión?».
Fondos específicos usados para gastos generales
Otro punto crítico de la denuncia se refiere al presunto desvío de fondos. Puente señaló que los fondos de trasplante y de tratamientos oncológicos, que son «específicos» para esas urgencias, están siendo utilizados para «gastos generales de la obra social». «Leopoldo Marchetti, cuando nosotros los vemos que están reunidos de directorio, o cuando viajan a otras provincias, o cuando hacen desayunos de trabajo y ven facturas en la mesa, bueno, todas esas cosas se están pagando con el fondo de trasplante», acusó el legislador.
El diputado fue enfático al afirmar que OSEP no es una empresa privada: «La obra social no es de los Jalil, OSEP no es una prepaga, es una obra social solidaria, que es de los afiliados para los afiliados. Pero lamentablemente acá Marchetti, Campazo y Jalil la administran como ellos quieren».
Pedido de informes y falta de respuestas
Por su parte, la diputada Natalia Herrera anunció las acciones que tomará el bloque: «Nosotros vamos a presentar hoy un pedido de informe que va a ser el inicio de todo este trabajo que venimos haciendo de control del gasto de los fondos de la obra social de los empleados públicos».
Herrera detalló las preguntas que buscan responder: «¿Por qué a pesar de tener inversiones financieras, se aumentó los aportes de OSEP a los trabajadores que menos ganan?». Además, mencionó inconsistencias en la ejecución presupuestaria, como «casi 20.700 millones destinados a alimentos de personas, sin detallar, en actividad central, sin detallar a quiénes están destinados», y «481 millones de pesos» en áreas de contabilidad e informática sin saber qué servicios se pagan.
La legisladora también destacó que OSEP «paga 24.763 millones en médicos y sanatorios, por lo que ningún afiliado debería pagar otro concepto, ni en concepto de plus, ni enfrentar demoras en cuanto a la atención médica».
Ambos diputados expresaron su frustración por la falta de respuesta a pedidos de informes anteriores y a dos solicitudes formales de audiencia con el director Leopoldo Marchetti, quien «nos dejó plantado ahí afuera de la obra social de los empleados públicos».
Finalmente, los legisladores no descartaron la posibilidad de una «denuncia penal» y anunciaron que acercarán toda la información al Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, para que «pueda accionar a favor del pueblo con lo que está pasando». La UCR promete seguir «insistiendo» para que se derogue el decreto que incrementó los aportes a los trabajadores con menores ingresos.