El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rechazó el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF, y lanzó graves acusaciones contra el presidente Javier Milei, deslizando posibles vínculos con el Fondo Burford, la firma estadounidense que litiga contra el país. El mandatario provincial anunció que se iniciará una investigación sobre estos presuntos lazos.
En una conferencia de prensa realizada desde la Gobernación en La Plata, Kicillof responsabilizó directamente a Milei por «cualquier decisión que tome que ponga en riesgo a YPF» y lo denunció por atacar la soberanía nacional. «Vamos a iniciar investigaciones, porque se sabe que Milei y su gobierno tienen vínculos con representantes de ese fondo buitre (Burford). Esto no lo puedo afirmar, por eso digo que lo vamos a investigar”, sentenció el gobernador.
Kicillof sostuvo que la postura del Presidente, al «dar razón a los demandantes» en la causa por la expropiación de YPF, «contradice la defensa del interés nacional» y lo ubica «siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía». Durante su intervención, Kicillof también dedicó un segmento significativo a reivindicar la estatización de YPF en 2012, destacando su importancia para el desarrollo energético del país.
Afirmó que «la privatización de los ‘90 fue una verdadera desgracia para YPF, la Argentina y las posibilidades de desarrollo del país», señalando a la multinacional Repsol como responsable de que Argentina se convirtiera en un país «deficitario en materia energética».
En este sentido, el gobernador subrayó que «sin la expropiación de YPF no habría Vaca Muerta» y tampoco se habría logrado la recuperación de la producción de hidrocarburos en Argentina. El objetivo de la medida de 2012, según Kicillof, era «poner a funcionar la empresa en favor de los intereses nacionales, que estaban siendo mancillados por la gestión de REPSOL».
«Orden colonial»
El Partido Justicialista (PJ) calificó el fallo como una «orden colonial» y llamó a formar un frente multipartidario en defensa de la soberanía nacional. A través de un comunicado, el peronismo expresó que la magistrada estadounidense, Loretta Preska, «violó las más elementales normas del derecho público y privado» de Argentina. Denunciando que la decisión de la jueza «pone en evidencia su desprecio por la inmunidad soberana que corresponde a todos los países, disponiendo una orden colonial incumplible, inadmisible e ilegal».
Además, el PJ advirtió que si el Congreso autoriza la entrega de las acciones de YPF, esto «viola toda norma de Derecho Internacional». En este sentido, instó a los legisladores justicialistas de ambas cámaras y a todos aquellos que deseen defender el país a «oponerse a esa orden con todo vigor y valentía en defensa de la soberanía nacional, haciendo valer las facultades y derechos independientes de cualquier poder extranjero, que nuestro Congreso debe custodiar». Por último, reclamaron que el Gobierno Nacional «extreme las medidas necesarias para la defensa de esos intereses».