3 fiscales no quisieron tomar un caso de acoso contra un juez

El panorama para el juez Ernesto García Maañón (56) es cada vez más complicado. Mientras el sumario administrativo por una denuncia de acoso sexual a una funcionaria avanza, ahora también se abrió una investigación penal en una fiscalía. Todo ello a pesar de la para nada cómoda situación de que el investigado sea el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de un distrito como San Isidro.

A pesar de la feria judicial, en los pasillos de los Tribunales sanisidrenses resuena el taconeo de las presiones e influencias. Ningún fiscal quería agarrar el caso. Tres se excusaron: Facundo Osores Soler, Bibiana Alejandra Santella y Andrés Quintana, en ese orden. Así, la causa estaba en un limbo. Finalmente, el jueves, el fiscal José Amallo, de la UFI de Tigre, se hizo cargo de la investigación.

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Amallo no solo tiene que investigar este escándalo, sino también el de la jueza Julieta Makintach por la presunta grabación de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Paradójicamente, la Cámara de Apelaciones que preside García Maañón es la que define el futuro de ese juicio, que quedó nulo por el papelón de la jueza.

En la causa también es querellante la auxiliar letrada que denunció a García Maañón por acoso. El martes el juez de Garantías 1, Ricardo Costa, la aceptó como particular damnificada y es representada por el abogado Juan E. Saucedo. En tanto, el juez García Maañón es defendido por el abogado Adrián Murcho.

La funcionaria de la Cámara de Apelaciones de San Isidro se encuentra con licencia psiquiátrica por trastorno de ansiedad. Enfrenta un gran sentimiento de culpa, angustia y teme represalias.

Es que, según su denuncia, el juez no solo la quiso reemplazar acusándola de haberse «mandado varias macanas», sino que vivió situaciones de extrema violencia, como por ejemplo, una intimidación con un arma de fuego frente a su cara en el despacho del juez. Todo eso por no haber accedido a mantener una relación íntima con García Maañón, según la denuncia. Por este motivo, fuentes del caso dijeron a Clarín que la primera medida ordenada por el fiscal Amallo fue designar una psicóloga del Centro de Atención a la Víctima (CAV) para brindarle contención y evaluar cuándo estará en condiciones de declarar en la fiscalía.