En medio de una creciente polémica que sacude al sistema de salud argentino, el Gobierno nacional ha decidido tomar medidas drásticas frente a las sospechas de fraude en el Examen Único de Residencias Médicas, realizado el pasado 1 de julio.
La controversia gira en torno a la presunta compra de preguntas por parte de algunos aspirantes, lo que habría alterado el orden de mérito y generado un clima de desconfianza entre los profesionales de la salud y el Gobierno nacional.
En este contexto, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, inició una auditoría interna, anunció la presentación de una denuncia penal y señaló al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como responsable de la organización del proceso en la sede de Parque Roca.
Todo comenzó con denuncias anónimas que alertaban sobre irregularidades en el examen de ingreso a residencias médicas. Según estas denuncias, algunos postulantes habrían accedido a las preguntas del examen antes de la fecha oficial, pagando entre 2.000 y 5.000 dólares por el material filtrado.
El patrón estadístico de los resultados también encendió las alarmas: se detectó un número inusualmente alto de puntajes superiores a 90, especialmente entre estudiantes de universidades extranjeras que históricamente no figuraban en los primeros puestos del ranking3.
El Ministerio de Salud recibió una carta formal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que se detallaban las sospechas y se solicitaba una investigación. A partir de allí, el Gobierno decidió suspender el orden de mérito vigente y convocar a un nuevo examen para los 268 postulantes que obtuvieron entre 86 y 100 puntos.
Medidas inmediatas
La respuesta oficial fue contundente. El ministro Lugones ordenó que los médicos con los puntajes más altos deban rendir nuevamente el examen, esta vez en modalidad oral. Además, se les exigirá justificar su promedio académico de carrera, que será comparado con el resultado obtenido en el examen de residencias.
Esta medida generó una fuerte reacción entre los estudiantes afectados, muchos de los cuales se manifestaron frente a la Facultad de Medicina en rechazo a lo que consideran una decisión arbitraria y estigmatizante. La auditoría interna tiene como objetivo determinar si la filtración de las preguntas se originó dentro del propio Ministerio de Salud. “El sumario interno es para ver si la filtración salió desde acá”, señalaron fuentes oficiales. En paralelo, se prepara una denuncia penal que será presentada en los próximos días, aunque aún no se han revelado los detalles del expediente.
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