jueves, 31 de julio de 2025 01:23
El pasado 6 de junio, el Gobernador, Raúl Jalil; el Vicegobernador, Rubén Dusso; la Presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedelli; el Presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel; las ministras de la Corte, Rita Verónica Saldaño y Fabiana Gómez; los ministros Rafael Bracamonte y Miguel Figueroa Vicario y el Ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se reunieron en el salón san Martín de la Corte de Justicia y firmaron un convenio entre el cual se dispone la movilidad de personal entre los tres Poderes del Estado.
El acta acuerdo establecía la movilidad de personal entre poderes del Estado, a través de concursos públicos de antecedentes y oposición, donde los empleados de planta permanente de los poderes Ejecutivo y Legislativo podrán pasar al Poder Judicial.
La medida iba a concretarse este viernes 1.° de agosto, en el que en primera instancia “pasarían” de los poderes ejecutivo y legislativo treinta empleados a quienes desde el Poder Judicial se los habría capacitado para las áreas en las que iban a desempeñarse.
Sin embargo, en las últimas horas se conoció de la incertidumbre que existiría en el personal ingresantes muchos de los cuales ya no quieren “pasarse” por temor a perder la antigüedad.
La incertidumbre habría provocado un nuevo quiebre entre los ministros de la Corte de Justicia, puesto que no todos ellos estaban de acuerdo de asumir el gasto para el pago de la antigüedad de los “nuevos empleados” ya que al firmarse el convenio desde el gobierno se habría girado el dinero para el pago de los empleados, es decir se incrementó el presupuesto, pero no sé habría contemplado el pago de la antigüedad.
Desde este diario se consultó a fuentes judiciales para conocer la versión oficial en relación a esta situación que fue planteada por algunos de los empleados que habían aceptado la “movilidad de personal”, sin obtener respuestas.