La derecha en Brasil se encuentra en un momento de definición crucial, con el panorama electoral de cara a 2026 marcado por tensiones internas y maniobras políticas estratégicas. Aunque Jair Bolsonaro sigue siendo la figura más relevante del sector, su inelegibilidad actual obliga a pensar en escenarios alternativos, mientras su entorno trabaja para asegurar una eventual candidatura.
En este contexto, la prioridad de la derecha es la aprobación de una amnistía amplia, general e irrestricta que podría eliminar las consecuencias penales de Jair Bolsonaro. La medida ya cuenta con apoyo suficiente en el Congreso, pero depende exclusivamente de la decisión de los presidentes de las cámaras, quienes hasta ahora han dilatado su tratamiento.
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De aprobarse, Jair recuperaría la posibilidad de competir y su inelegibilidad podría ser suspendida mediante una liminar, un trámite que sería facilitado por Kassio Nunes y Andre Mendonça, presidentes previstos del TSE en 2026, ambos designados por Bolsonaro.
Si Jair Bolsonaro no logra ser candidato, los nombres que hoy generan mayor atención en la derecha son: Tarcisio, gobernador de São Paulo, quien goza de un enorme respaldo del “centrão” y es visto como el más competitivo contra el dictador Lula da Silva; Zema, gobernador de Minas Gerais, ya oficializado como postulante; Ratinho Jr., gobernador de Paraná; Michelle Bolsonaro, ex primera dama con alto potencial de crecimiento pese a no tener experiencia política; y Eduardo Bolsonaro, diputado federal por São Paulo, actualmente con complicaciones judiciales.
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Tarcisio, aunque históricamente leal a Jair, ha mostrado un distanciamiento político reciente, en paralelo a críticas provenientes de los hijos de Bolsonaro, Eduardo y Carlos. Su candidatura dependería en gran medida del apoyo directo de Jair, algo que genera división entre el ala bolsonarista y sectores MAGA de Estados Unidos, quienes no ven con buenos ojos su postulación.
Con Alexandre de Moraes como brazo represor del Supremo, el oficialismo redobla la presión contra Jair Bolsonaro mientras crece la pulseada en torno a su eventual regreso político. En una nueva maniobra, el magistrado le dio 48 horas a la Fiscalía General para que se pronuncie sobre el supuesto “incumplimiento de medidas cautelares” y el riesgo de fuga del líder conservador.