Gobernadores y entidades empresarias comparten la falta de diálogo con el Gobierno nacional y, en conjunto, ya miran las presidenciales de 2027, con distancia de la actual gestión libertaria. Las propuestas están dentro de un modelo productivo, excluido del plan económico del presidente Javier Milei, para que las lleve adelante una gestión surgida del armado político de los mandatarios provinciales, si es que logran ganar con un candidato propio.
El Ejecutivo mantiene diálogo con ciertos sectores de la economía, pero dejó de tenerlo con otros interlocutores, como el caso de los sectores industrial y pymes. Empresarios señalaron a PERFIL que sienten la falta de comunicación y coordinación con el Gobierno, con el que se logra llegar a veces un “acuerdo a nivel técnico” pero no logra “prosperar en la política».
La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó en Córdoba un documento con diez principios productivos. Según pudo saber este medio, el esbozo de la entidad es el decálogo para cualquier gobierno, pero hasta ahora fue cobijado por la liga de gobernadores. El texto planteó los siguientes puntos: institucionalidad y vínculo público-privado; orden macroeconómico; competitividad sistémica; exportaciones e inserción internacional; desarrollo federal equilibrado; modernización laboral; financiamiento productivo; inversión en infraestructura y logística; capacitación, innovación y tecnología, y compromiso con la ética y la sustentabilidad.
Desde Santa Fe también se sumaron al apoyo del decálogo presentado por la UIA. El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, sostuvo que “lo que necesita Argentina es un acuerdo político que permita tener un acuerdo productivo”. “Que gobernadores de provincias productivas nos hayamos juntado con un plan productivo para la República Argentina es muy importante para ser una alternativa al Gobierno nacional, que esa alternativa seamos nosotros, sea Provincias Unidas”, agregó.
En la Casa Rosada apuestan al diálogo, pero ya se generan interrogantes
El espacio de gobernadores, con radicales, del PRO y peronistas es una apuesta no solo para las elecciones intermedias de octubre, sino en la búsqueda de colocar un presidente en 2027. Este grupo de mandatarios provinciales intentará mostrar corpus político el viernes, cuando se reúnan en la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Cada vez son más las provincias que marcan distancia con Nación. Incluso, un funcionario provincial de la cartera de Hacienda de su distrito expresó en diálogo con este medio que el ministro de Economía Luis Caputo “no atiende a sus pares provinciales”, sino que «sólo se reúne con ciertos gobernadores».
El vínculo del Ejecutivo nacional con las provincias se fue deteriorando a medida que los gobernadores alzaban la voz por recursos y la restauración de la obra pública para las rutas que recorren el país.
Quedará por verse en el transcurso de los próximos días cómo evoluciona el diálogo con las provincias con la implementación de la “mesa federal”, tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y ante la necesidad de conseguir consensos para el Presupuesto 2026, como así también de cara a la serie de reformas (tributaria y laboral) que buscará la gestión de Milei después de los comicios de octubre.
Pero varios Ejecutivos provinciales colocaron distancia, como el gobernador de Salta, Gustavo Saénz, uno de los que mejor relación tiene con la Casa Rosada, quien denunció que hubo una «falta de respeto y consideración» del Gobierno nacional y lo acusó de «no cumplir con la palabra», al referirse a convenios de obra pública firmados en junio de 2024, que “no se cumplieron”.
La presencia de Caputo en la mesa de diálogo político con las provincias abre la posibilidad de que la nueva relación con los gobernadores pueda implicar también el envío de fondos.
El reclamo de las provincias
Desde que Milei asumió la Presidencia, las provincias se vieron fuertemente afectadas por el recorte de las transferencias discrecionales, el parate en la obra pública y la caída de recursos coparticipables para sostener las cuentas fiscales de las arcas nacionales. Pero también sintieron el impacto de la macro, el freno de la actividad que tuvo su correlato en los distritos provinciales y en el empleo. En lo que va de la gestión libertaria, solo cinco provincias registraron un neto de aumento de empleo.
Dos ítems de mayor disputa fueron la ley de coparticipación del impuesto a los combustibles y de los aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los ATN tienen un costo fiscal del 0,05% del producto, y las negociaciones están para ver si el Gobierno mantendrá el veto o no. En tanto, el tributo a los combustibles, impuesto por los gobernadores, representan unos 0,16% del producto.
La obra pública, y en particular las rutas, es uno de los pedidos que los gobernadores piden con mayor urgencia que se trate, en especial para poder darle un impulso a la actividad económica y a sectores claves como Vaca Muerta. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en datos de Vialidad Nacional, revela un fuerte retroceso en el estado de las rutas nacionales pavimentadas. En 2024, sólo el 47,5% se encuentra en buen estado, frente al 55% de 2022.
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Además, las rutas en mal estado crecieron al 29%, lo que implica que un tercio de la red vial presenta deterioro crítico. El IAG atribuye este deterioro a una caída del 82% en el gasto de capital del Estado nacional durante 2024, a valores constantes. La inversión actual en obra pública es de apenas 3,5 dólares mensuales por habitante, muy por debajo de los más de 20 dólares registrados en 2023.
Otro de los ítems de reclamo de los distritos provinciales es la deuda que reclaman a Nación. En esa línea, ayer Caputo firmó junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, un convenio para regularizar la deuda entre ambas partes en el marco del régimen de extinción de obligaciones recíprocas. Otros distritos provinciales que llegaron a un acuerdo con Nación para ponerse al día con los pasivos fueron Entre Ríos y Córdoba, esta última sólo en relación 60 mil millones de pesos se imputan a cuenta del ejercicio de 2025 y no al stock correspondiente entre 2020 y 2024 y que estiman en alrededor de 1 billón de pesos.
Por mencionar algunos casos que siguen en reclamo, Santa Fe reclama un guarismo de cerca de 1 billón de pesos también referidos a tres créditos principales: aportes de Anses para compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones, por la obra Autovía Ruta Nacional 19 y por el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales. La provincia de Buenos Aires exige al Estado central más de 7,8 billones de pesos.
AM/ML