Los abogados defensores de empresarios, financistas y exfuncionarios procesados en la causa Cuadernos ratificaron los ofrecimientos de reparación económica para evitar ir a juicio. Dijeron estar dispuestos a pagar el monto de sus embargos actualizado, y entregar bienes como un departamento en Miami o un yate. Sin embargo, la fiscal federal Fabiana León pidió este viernes que la oferta de dinero por sobreseimiento sea rechazada.
“No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se han causado; en esta fiscalía no se vende impunidad”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
A lo largo de la audiencia virtual que comenzó pasadas las 10 de este viernes, el Tribunal Oral Federal 7 escuchó las propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares, que ya están embargados en la causa.
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Por su parte, la defensa del empresario imputado colaborador Enrique Pescarmona ratificó un ofrecimiento de 510 millones de pesos y su abogado, Marcelo Nardi, explicó que la empresa de Pescarmona, Impsa, “no solo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia, sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández”.
“Dejamos aclarado que los pagos que les fueron exigidos por los funcionarios públicos a Pescarmona y Francisco Valenti obedecen y están ligados a contratos celebrados en Venezuela, un país distinto, representando episodios coactivos que fueron descriptos en sus declaraciones”, dijo al ratificar lo que dijeron en sus declaraciones como arrepentidos.
Otros empresarios que piden la extinción de la acción penal por reparación ofrecen los embargos que tienen dictados en la causa actualizados, por ejemplo 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovella u 826 millones por parte de Julio Paolini, mientras que también ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli, Angelo Calcaterra y Hugo Dragonetti.
Entre los argumentos, los abogados aludieron a los años que podría durar un juicio donde ya se convocó a 622 testigos, con audiencias una vez por semana y múltiples acusaciones.
Al ratificar que sus clientes “se saben inocentes” pero necesitan resolver el tema para poder seguir adelante con sus empresas y con sus vidas ante la “condena natural” que se les impuso en el caso Cuadernos, todos ratificaron los ofrecimientos de reparación.
El primero en hablar fue el abogado que tuvo la iniciativa de concretar el planteo al que se fueron sumando otros defensores: se trata del letrado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
El abogado recordó que el sistema judicial argentino tuvo megacausas que “generaron tanta expectativa” y “han terminado todas sin respuesta ni para la sociedad ni para los que fueron imputados” y rememoró “la mafia del oro, la aduana paralela y el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, entre otras.
“Es la perspectiva que vemos en este proceso”, advirtió y ratificó que sus clientes son inocentes pero “llevan seis años de penas naturales, sancionados por el compliance del sistema financiero, han sufrido publicación de sus nombres”.
Otro abogado, Luciano Pauls, advirtió que el futuro juicio podría durar “entre diez y veinte años” porque es una causa que “claramente colapsa al tribunal” y cuestionó además el costo del juicio.
“¿Cuánto cuesta este juicio por mes? ¿Cuántos jueces, secretarios, prosecretarios? Cuesta 50 mil dólares por mes”, dijo de manera aproximada.
A la audiencia asistió además el procesado exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros exfuncionarios kirchneristas como Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina.
El defensor de Abal Medina también ratificó el pedido de reparación para evitar el juicio y dijo que su condición de funcionario público al momento de los hechos no impide concedérselo al ofrecer pagar el monto del embargo, 60 millones de pesos actualizables.