La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la demanda civil que impulsaba Vialidad Nacional contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto perjuicio económico en la causa Vialidad. Con esta decisión, tomada por mayoría en la Sala III, quedó firme el cierre del proceso que reclamaba $22.300 millones como reparación por obras públicas adjudicadas a Lázaro Báez que quedaron inconclusas.
El fallo, dividido, tuvo el voto favorable de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, mientras que la jueza Florencia Nallar se pronunció en disidencia. Para los magistrados, la causa permaneció inactiva más de seis meses, lo que habilitó la caducidad de instancia prevista en el Código Procesal Civil y Comercial.
La acción civil había sido iniciada en enero de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de que el Estado recibiera un resarcimiento por los supuestos daños ocasionados por la adjudicación y ejecución de obras en Santa Cruz. Sin embargo, los abogados de la expresidenta alegaron que desde marzo de 2023 no hubo actos procesales que impulsaran la causa, situación que derivó en su cierre definitivo.
El juez de primera instancia, Marcelo Dos Santos, ya había hecho lugar al planteo de la defensa, criterio que ahora quedó ratificado en segunda instancia. En su resolución, la Cámara remarcó que la caducidad no busca sancionar negligencias, sino garantizar la seguridad jurídica y evitar procesos indefinidos.
Desde Vialidad se intentó frenar la medida argumentando que se habían incorporado pruebas y sentencias del fuero penal, además de señalar supuestas dilaciones de la defensa. No obstante, la Cámara rechazó esos planteos y sostuvo que la inactividad procesal estaba acreditada.
Si bien la resolución cierra la vía civil, Cristina Kirchner continúa afrontando un proceso más complejo en el fuero penal, el decomiso patrimonial por $685.000 millones que tramita en Comodoro Py, derivado de la condena por administración fraudulenta. Ese procedimiento busca ejecutar bienes y activos de la exmandataria y de otros condenados para reparar el perjuicio al Estado, y no está sujeto a caducidad procesal.