Los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados convocaron ayer a una sesión para tratar el miércoles un temario explosivo para el Gobierno en el que se destaca la reforma de la ley que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que ya tiene media sanción del Senado. La iniciativa reemplaza la “sanción ficta”, de acuerdo a la cual basta con que el Congreso no se pronuncie sobre los DNU para que estos tengan vigencia, por la exigencia de que estos instrumentos tengan la aprobación explícita de los dos cuerpos parlamentarios antes de los 90 días de ser dictados para prevalecer.
Es decir: el Presidente no podría recurrir a la herramienta sin pactar su aprobación con el Congreso. La enorme proyección institucional del cambio trasciende la coyuntura electoral. Sometería aún más a la autofragilizada administración de Javier Milei a la dinámica parlamentaria, pero también a los Presidentes que lo sucedan en el futuro, que se verían obligados a promover una nueva reforma para recuperar poder o resignarse a gestionar un sistema parlamentarista.
Irónico resultado de la impronta imperial que las Fuerzas del Cielo pretendieron darle a su paso por la Casa Rosada: en lugar de que las facciones opositoras deban fatigarse en consensuar para neutralizar los DNU del Poder Ejecutivo, sería el Poder Ejecutivo el obligado a consensuar sus disposiciones con la oposición.
Con el desplazamiento de José Luis Espert a la cabeza, el resto de la agenda está más atado a la coyuntura electoral y a la erosión de figuras oficialistas como la “hermanísima” Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el ministro de Salud Mario Lugones o el Jefe de Gabinete Guillermo Francos. La ley de DNU, en cambio, tendría efectos de largo alcance.
Para aquilatar su eventual incidencia en el segundo tramo del ciclo libertario, conviene tener en cuenta el potencial político de algunas figuras que ingresarán al Congreso en diciembre y entrarán en relación institucional con otros tiburones, como los ex gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) o Jorge Capitanich (Chaco), por poner los tres ejemplos más visibles. La ansiedad induce elucubraciones sobre aspiraciones presidenciales y tramas conspirativas quizás verosímiles, pero se trata de otra cosa.
Los eventuales cambios en los trámites de los DNU acrecentarían aún más el poder del veto del Congreso sobre la Presidencia Los eventuales cambios en los trámites de los DNU acrecentarían aún más el poder del veto del Congreso sobre la Presidencia
El desvarío mesiánico y la incompetencia política de los libertarios empoderó al Congreso más allá de su volumen institucional histórico, en detrimento de la Presidencia. Una torpeza inaudita del Poder Ejecutivo invirtió la imagen de ese espacio como una suerte de jubilación política prestigiosa, para transformarlo en escenario idóneo de exposición nacional en un momento muy particular: la jefatura de la Provincia de Buenos Aires, que hace 20 años pasó de Eduardo Duhalde a los Kirchner, está en litigio, con los barones del Conurbano desmarcándose de la conducción que ejerce Cristina Kirchner a través de La Cámpora y su hijo Máximo, Axel Kicillof maniobrando para empinar su sueño de Presidente y Sergio Massa acechante.
Es difícil pronosticar cuánto durará ese incierto proceso, pero se traduce en una declinación del orden metropolitano bajo la cual los liderazgos parlamentarios cobrarán enorme relevancia.
El aumento del poder de veto de los diputados y senadores sobre los DNU sería un insumo de primer orden para esos líderes. Es más que probable, de tal manera, que la presión para sancionar los cambios en la ley permanezca más allá del 26 de octubre. Salvo, por supuesto, que La Libertad Avanza obtenga una victoria tan arrasadora que neutralice el poder que le regaló al “nido de ratas”. Quién sabe: todo es tan raro que tal vez hasta consiga reivindicar a Espert.