El 18 de julio, el trabajador precarizado de la Municipalidad de Pozo de Piedra, Oscar Nazareno Maza (25), murió cuando la camioneta de uso oficial que conducía salió de la ruta y cayó por una banquina en el departamento Belén.
Su familia radicó una denuncia contra autoridades del municipio y se inició una causa penal en la Fiscalía de Instrucción a cargo de María Florencia Reartes Sesto. Pasaron más de tres meses y desde el entorno familiar del joven volvieron a reclamar la realización de la pericia accidentológica en la camioneta de la tragedia.
«En estos últimos días estuvimos en silencio, pero no ausentes. Fueron días muy duros para nuestra familia, días en los que el dolor volvió a latir con más fuerza. En este Día de los Fieles Difuntos, cada vela que encendimos por Nacho fue un recordatorio de lo que nos arrebataron: un hijo, un hermano, un amigo, un joven con sueños», manifestaron.
A través de un comunicado en redes sociales consideraron además que mientras muchas familias recuerdan a quienes fallecieron por causas naturales, «nosotros seguimos recordando a un hijo que no murió, que lo dejaron morir, porque a Naza no lo lloramos por un accidente inevitable, sino por una negligencia evitable. Mientras su madre le reza, quienes lo explotaron y abandonaron siguen libres, como si nada hubiera pasado».
Maza murió tras el vuelco de la camioneta Toyota Hilux en la Ruta Provincial N° 144 en el distrito Pozo de Piedra. Sus familiares, con el asesoramiento de la abogada Marcela González, se constituyeron en querellantes particulares.
Poco después del accidente, el rodado fue entregado al municipio en su carácter de “guardador” y quedó depositado en un taller, bajo techo y parcialmente cubierto con un plástico, sin que se le realizaran todas las pericias accidentológicas de rigor. A comienzos de septiembre, la querella denunció a la fiscal por no solicitar la realización de la pericia accidentológica, que tiene como objeto determinar las causas y circunstancias en las que se produjo la tragedia, entre otras cosas.
La acusación fue presentada ante la Procuración General y ante la Oficina de Sumarios de la Corte de Justicia. Poco después se conoció que el sábado 30 de agosto la fiscalía ordenó el secuestro del rodado, «previa constatación de las fajas de seguridad», y su traslado a la plaza principal de la ciudad de Belén, a resguardo de la Comisaría Departamental.
Ese mismo sábado se dispuso que se diera intervención a la Unidad Regional N° 3 para que gestionara el traslado y que se informara del pedido de pericia al Laboratorio Satélite Forense de la Corte de Justicia, con sede central en esta ciudad Capital, para que se realizara la pericia. «¿Cómo podemos confiar ahora en los resultados o los informes de las personas que harán la pericia?», señalaron entonces desde la querella.