Uno de los proyectos más ambiciosos que el presidente Javier Milei prepara para la segunda mitad de su mandato es la reforma tributaria, una iniciativa que, según el propio mandatario, apunta a “bajar 20 impuestos, reducir alícuotas y expandir la base imponible”.
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, anticipó que entre los tributos que podrían eliminarse figura el Impuesto al Cheque, uno de los más distorsivos del sistema, pero también uno de los que más recaudan. Su eventual eliminación, en el contexto actual, podría poner en riesgo el equilibrio fiscal, un pilar central del programa económico oficial. Es decir, si se bajan impuestos sin compensar la pérdida de recursos, el gobierno se verá obligado a ajustar aún más el gasto público, con el consiguiente impacto recesivo que ello conllevaría.
Argentina atraviesa ya una recesión profunda, con caída del consumo, de la producción industrial y del empleo formal. En ese escenario, un ajuste adicional implicaría menos actividad, más desempleo y menor recaudación, cerrando un círculo vicioso difícil de revertir. La otra opción, más racional y sostenible, es rediseñar el sistema tributario para hacerlo más eficiente y equitativo, atacando de raíz uno de los problemas estructurales más graves: la evasión fiscal.
Nuestro país ostenta uno de los niveles de evasión más altos de todo el continente. Según los últimos relevamientos, la evasión impositiva en Argentina alcanza el 44%, mientras que el promedio de América Latina es del 26%. No se trata solo de la informalidad -que es considerable-, sino también de maniobras contables y estrategias de elusión que realizan incluso grandes empresas, aprovechando vacíos legales o debilidades en los mecanismos de control.
El desafío es rediseñar el sistema tributario para hacerlo más eficiente y equitativo, atacando de raíz uno de los problemas estructurales más graves: la evasión fiscal. El desafío es rediseñar el sistema tributario para hacerlo más eficiente y equitativo, atacando de raíz uno de los problemas estructurales más graves: la evasión fiscal.
Hay tributos en los que la evasión alcanza cifras escandalosas. En el caso del Impuesto a las Ganancias de las empresas, por ejemplo, la evasión llega al 69%, el nivel más alto de toda la región (donde el promedio es del 47%). Esa cifra revela que el problema no es solo la presión tributaria, sino la inequidad del sistema, en el que muchos pagan demasiado y otros, los que más deberían contribuir, directamente no pagan.
Por eso, cualquier reforma tributaria seria no puede limitarse a bajar impuestos o eliminar tributos. Debe ser, ante todo, progresiva, de modo que quienes más ingresos o riqueza tienen contribuyan en proporción a su capacidad económica. Además, debe simplificar la estructura impositiva, que hoy es caótica, con más de un centenar de tributos entre Nación, provincias y municipios, de los cuales apenas una decena concentra la mayor parte de la recaudación.
Finalmente, una reforma tributaria moderna debe combatir la evasión con mecanismos eficaces y transparentes, apoyados en tecnología, trazabilidad de operaciones y fortalecimiento institucional de los organismos de control. Ese es el principal desafío.
Reducir impuestos puede ser una buena idea si se hace con inteligencia y planificación. Pero hacerlo sin corregir la evasión ni asegurar la progresividad del sistema solo conducirá a más desigualdad, más ajuste y menos desarrollo.