La decisión del Gobierno provincial de avanzar en la unificación de los fideicomisos mineros movilizó a dirigentes de la oposición, quienes volvieron a plantear que se restituya la vieja ley de Regalías Mineras, que repartía estos fondos a los municipios en forma directa y sin intermediarios.
Desde el bloque de Generación del Cambio cuestionaron la decisión del Ejecutivo y recordaron que ellos presentaron un proyecto para la eliminación de los fideicomisos que nunca fue tratado por el oficialismo en la Legislatura. En este sentido, aunque el Ejecutivo sostiene que la medida busca “optimizar los recursos destinados a obras públicas”, desde el bloque opositor advirtieron que la unificación “no implica más transparencia, sino mayor centralización y discrecionalidad en el uso de fondos que deberían volver directamente a las comunidades mineras”.
Como se informó actualmente, en la provincia existen dos fondos fiduciarios vinculados a la minería: uno es el fideicomiso denominado «Salar del Hombre Muerto» al que aporta la empresa Minera del Altiplano (a cargo de Rio Tinto) y el fideicomiso de Regalías Mineras donde por el momento solo aporta el proyecto Fénix (Minera del altiplano-Rio Tinto). En los próximos meses, a este fondo también empezará a aportar la litífera de capitales chinos Zijin-Liex, que ya empezó a producir carbonato de litio. Zijin prevé una producción anual de 20.000 toneladas de carbonato de litio de grado industrial. Para comenzar con la unificación de los fideicomisos, el Gobierno emitió el decreto 1.509 con el que se autoriza la disolución del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto. La medida fue firmada el 5 de noviembre por el Ejecutivo provincial.
“Catamarca no necesita un fideicomiso más grande: necesita más transparencia y autonomía municipal”, afirmó la presidenta del bloque, Silvana Carrizo, a lo que agregó que junto a sus pares desde hace años vienen señalando la «falta de información sobre los fondos fiduciarios, cuyos movimientos deben integrarse al presupuesto provincial según lo establecen la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Administración Financiera».
“Solicitamos informes detallados sobre ingresos, egresos y flujos financieros del Fideicomiso Salar del Hombre Muerto desde su creación. La respuesta oficial fue un simple listado de obras, sin montos, sin ejecución financiera y sin datos que permitan un control real”, señaló.
La legisladora recordó que desde el bloque presentaron «un proyecto para eliminar los fideicomisos mineros y restituir la distribución directa de las regalías y volver al régimen de distribución directa previsto en la Ley N° 5128, devolviendo a los municipios la administración de los fondos que les corresponden. “El actual sistema concentra decisiones en el Ejecutivo, vulnera el principio de subsidiariedad y debilita la autonomía de los gobiernos locales. Los recursos deben volver a las comunidades sin intermediarios ni mecanismos discrecionales”, remarcó la diputada.
Más adelante, afirmó que la decisión del oficialismo “es una contradicción» ya que pide «federalismo hacia arriba, centralismo hacia abajo”.
«Esto es una incoherencia del gobernador Raúl Jalil, quien firmó el pedido que los gobernadores le hicieron a Nación de la eliminación de fideicomisos centralizados mientras mantiene -y ahora unifica- fideicomisos provinciales que concentran recursos que deberían destinarse directamente a los municipios», sostuvo.
“Cuando se trata de Nación y Provincia, el Gobernador reclama autonomía. Pero cuando se trata de Provincia y Municipios profundiza el centralismo. Es una doble vara difícil de justificar”, afirmó.
Finalmente, la legisladora insistió en que la unificación anunciada no resuelve los problemas estructurales del esquema minero en Catamarca, “no mejora la transparencia, no asegura participación municipal, no permite un control parlamentario efectivo, no garantiza que las obras respondan a prioridades locales”, aseveró.
“Catamarca necesita reglas claras, rendición de cuentas y descentralización. Los fondos mineros deben servir al desarrollo del territorio, no a engrosar un presupuesto paralelo administrado sin controles”, señaló a lo que agregó que “los recursos de la minería pertenecen a las comunidades. No a un fideicomiso único administrado por el Ejecutivo”.n